Redacción
México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado el inicio de un procedimiento legal contra la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio. Este proceso legal se inicia a raíz de su presunta participación en la liberación de ocho militares acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según la FGR, la jueza Duarte Cedillo habría ordenado la liberación provisional de los militares el pasado viernes, imponiéndoles una garantía de 50 mil pesos para acceder al beneficio. Además, se les impusieron tres medidas cautelares, que incluyen la firma de su libertad los días 1 y 16 de cada mes, la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir del país.
La institución ministerial acusa a la jueza y a los magistrados de conceder ventajas indebidas y desconocer resoluciones de jueces en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de desaparición forzada. Se les imputa el uso de procedimientos de amparo y ampliación de amparo que, según la FGR, han generado injusticias, afectando a las familias de los 43 desaparecidos y comprometiendo la seguridad nacional.
La imputación también incluye cargos relacionados con la aplicación de resoluciones de fondo ilícitas, la ejecución de actos u omisiones que causen daño, y el retraso o entorpecimiento de la administración de justicia.
En respuesta a estas acusaciones, la FGR ha anunciado que presentará los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas, además de iniciar las acciones que contempla el artículo 225 del Código Penal Federal, castigando los actos contra la administración de justicia.
El Grupo REFORMA publicó el pasado 21 de enero que la jueza ordenó la liberación provisional de los ocho militares, quienes estaban detenidos desde junio por su presunta participación en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La decisión de la jueza ha generado indignación, considerando la gravedad de los delitos imputados y las consecuencias para las víctimas y la sociedad en general.
