México- La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una investigación de alto perfil contra la naviera Marinsa de México, subsidiaria del Grupo Cemza, por presunto lavado de dinero, comercialización ilegal de combustibles y vínculos con funcionarios y contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con un dictamen contable pericial, entre 2019 y 2022, Marinsa habría recibido más de 22 mil millones de pesos en depósitos bancarios cuyo origen no ha podido ser justificado legalmente. La cifra se divide en 12 mil 685 millones de pesos en moneda nacional y 512 millones de dólares (equivalentes a unos 10 mil 705 millones de pesos) en divisas extranjeras, que no cuentan con respaldo documental que compruebe su legalidad.
“El análisis realizado no ha logrado identificar documentación contable soporte que permita establecer que los recursos depositados son de procedencia lícita”, se lee en el dictamen presentado por la FGR, que fundamenta las carpetas de investigación FED/SEIDO/UEIARVCAMP/0000464/2020 y FED/FEMDO/UEIARVCAMP/0000891/2022, ambas radicadas en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Marinsa, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, opera una flota de ocho barcos petroleros y tiene presencia en nueve países. Su principal accionista, José Luis Zavala Solís, fue beneficiado con contratos millonarios otorgados por Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto, según una denuncia anónima que dio origen a las investigaciones.
Entre los eventos que impulsaron el caso destaca la captura del buque Go Canopus en mayo de 2020, con 450 mil litros de combustible presuntamente ilegal, así como la polémica adjudicación de contratos por 231 millones de pesos a Felipa Obrador Olán, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se asoció con Marinsa.
Además, el dictamen identifica operaciones sospechosas entre empresas del mismo consorcio Cemza, como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste, con movimientos internos de fondos que presentan un “riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y corrupción”.
La FGR ha clasificado a Zavala como una persona “de alta prioridad” debido a la inusualidad de sus operaciones financieras, muchas de las cuales consisten en transferencias entre cuentas de empresas hermanas sin justificación comercial aparente. La denuncia anónima que relanzó la indagatoria en noviembre de 2022 incluyó detalles precisos de las pesquisas previas, lo cual levantó sospechas sobre la filtración de información confidencial desde dentro del propio Ministerio Público.
Aunque inicialmente la investigación por el caso del buque fue archivada, la reapertura del expediente en 2022 sugiere que las autoridades federales han encontrado nuevos indicios que podrían apuntar hacia una red sistemática de lavado y tráfico de hidrocarburos, operada bajo el amparo de contratos públicos.
También te puede interesar: Operativo federal contra el “huachicol fiscal” deja 18 detenidos y más de medio millón de litros de combustible asegurado
