México- La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el marco de investigaciones federales relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico y operativos de seguridad realizados en territorio nacional.
En el caso de Rocha Moya, la comparecencia forma parte de una carpeta de investigación abierta tras la acusación formal presentada por autoridades de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos nexos con el crimen organizado.
La FGR también llamó a declarar al senador Enrique Inzunza Cázares y a otros personajes señalados en la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Por otra parte, la gobernadora de Chihuahua fue citada para comparecer el próximo miércoles 27 de mayo, en relación con la incursión de agentes de la CIA en un operativo realizado en esa entidad.
La Secretaría de Gobernación aclaró que tanto Rocha Moya como Maru Campos fueron llamados en calidad de testigos y aseguró que las diligencias se desarrollan conforme a derecho y sin motivaciones políticas.
Tras darse a conocer el citatorio, Maru Campos calificó la acción como una persecución política y acusó que Morena utiliza las instituciones para hostigar a quienes, dijo, “están haciendo bien las cosas”.
En respuesta, el gobierno de Chihuahua sostuvo que la actuación de la FGR es violatoria de la Constitución y de la soberanía estatal, al considerar que un gobernador en funciones no puede ser sujeto a procedimientos de naturaleza penal.
Por su parte, Rocha Moya confirmó haber recibido el citatorio y aseguró que acudirá a comparecer ante las autoridades federales.
“Soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, expresó el mandatario con licencia a través de redes sociales, al afirmar que enfrentará el proceso “con la frente en alto”.
Enrique Inzunza también confirmó que atenderá personalmente el llamado de la FGR y aseguró que no recurrirá al fuero constitucional que le corresponde como legislador federal.
La investigación federal se desarrolla en un contexto de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, luego de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregara voluntariamente a autoridades estadounidenses en Arizona y posteriormente fuera trasladado a Nueva York.
Además, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, también se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses.
La FGR informó que las comparecencias forman parte de diligencias ministeriales orientadas a fortalecer la integración de la carpeta de investigación abierta en México.
