Salamanca- La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo para exhortar al fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, a que instruya al fiscal especializado en Combate a la Corrupción a ejercer acción penal de manera pronta y expedita dentro de la carpeta de investigación 55827/2019.
La legisladora solicitó que se dé seguimiento a las indagatorias relacionadas con las obras denominadas Drenaje Sanitario, Red de Agua Potable y la segunda etapa de la red de drenaje en la comunidad de Santa Rita, en el municipio de Salamanca.
Durante la exposición de motivos, Aguilar Castillo señaló que estas obras de infraestructura básica fueron realizadas durante la administración municipal de Salamanca 2015-2018 con una inversión aproximada de 20 millones de pesos; sin embargo, afirmó que actualmente presentan fallas graves en su funcionamiento, lo que ha derivado en problemas legales y de salubridad para la población.
La diputada explicó que entre las irregularidades reportadas se encuentran colapsos en la red, escurrimientos y descargas que no fluyen adecuadamente, así como brotes de aguas residuales en calles y en las cercanías de viviendas. Añadió que la red de agua potable, que debía complementar el sistema sanitario, tampoco se consolidó como una solución integral para la comunidad.
Aguilar Castillo indicó que en febrero visitó la comunidad de Santa Rita, donde dialogó con habitantes afectados que le informaron que desde 2019 se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependencia de la Fiscalía General del Estado.
Según expuso, de acuerdo con los testimonios de la ciudadanía y el recorrido que realizó en la zona, no existen avances significativos en la investigación que permitan a los afectados acceder a la justicia después de más de seis años de espera.
La legisladora subrayó que las familias de la comunidad no demandan nuevas obras, sino que las ya construidas funcionen correctamente y que los recursos públicos invertidos se traduzcan en beneficios reales y sostenibles.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen correspondiente.
