Toluca— En un hecho histórico para la defensa de los derechos humanos y la justicia con perspectiva de género, el Congreso del Estado de México aprobó la tipificación del transfeminicidio como delito, con penas que alcanzan hasta 93 años y cuatro meses de prisión, dependiendo de las agravantes.
La reforma, impulsada por la diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández, de Morena, busca visibilizar la violencia estructural y los crímenes de odio contra personas trans, además de garantizar que las víctimas tengan acceso efectivo a la justicia.
De acuerdo con el nuevo Código Penal del Estado de México, el transfeminicidio se define como el acto de privar de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género sea reconocida como mujer, cuando el motivo del crimen sea precisamente su identidad o expresión de género, en un contexto de discriminación.
El dictamen establece penas de 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días multa para quienes cometan este delito. En casos agravados, como cuando la víctima es menor de edad o si el agresor es servidor público y usa su cargo para perpetrar el crimen, las sanciones pueden aumentar hasta en un tercio, alcanzando 93 años y cuatro meses de cárcel y 6 mil 666 días multa.
Durante la sesión, Navarro Hernández destacó la trascendencia de esta medida:
“Tipificar el transfeminicidio no sólo nombra una realidad, sino que compromete a combatir la impunidad que por años nos negaron nuestra existencia”.
La legisladora reconoció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, por su apoyo a esta iniciativa que coloca al Estado de México como la sexta entidad del país en reconocer este tipo penal.
La reforma también detalla los indicadores de odio o discriminación que permitirán identificar un transfeminicidio: violencia sexual o física, mutilaciones, ensañamiento, exposición pública del cuerpo, uso de expresiones de rechazo hacia la identidad de la víctima o despojo de elementos distintivos de su identidad de género.
Legisladoras y legisladores de Morena y del PT coincidieron en que esta acción legislativa representa un acto de justicia social y reconocimiento para una comunidad históricamente vulnerada. “El Estado de México envía un mensaje claro: ninguna vida debe ser arrebatada por motivo de identidad o expresión de género”, señalaron.
Con esta aprobación, el Congreso mexiquense se suma a los esfuerzos nacionales por erradicar la violencia contra la población LGBTIQ+, en línea con los compromisos internacionales de derechos humanos y equidad de género.
