México- La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) enfrenta una de las crisis institucionales más delicadas de su historia reciente. A la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por una red de huachicol fiscal dentro de la dependencia, se suman cuatro indagatorias internas por cohecho, peculado y administración fraudulenta, abiertas desde 2024 y aún vigentes.
De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL mediante transparencia, dos marinos de alto rango —el director del Ejercicio Presupuestario y el subdirector de Sistemas Presupuestarios de la Dirección General Adjunta de Administración (Digadmon)— ya fueron sancionados. Sus nombres permanecen reservados por la secrecía de las investigaciones, aunque la Marina confirmó que en todos los casos se presentó denuncia ante la FGR, que continúa el proceso judicial.
Las investigaciones se extienden a ocho puertos estratégicos: Altamira (Tamaulipas), Veracruz (Veracruz), Ensenada (Baja California), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Guaymas (Sonora), La Paz (Baja California Sur), Cancún (Quintana Roo) y Mazatlán (Sinaloa). Según los expedientes, en estos puntos las redes de huachicoleros operaban con la complicidad de mandos navales, permitiendo el contrabando de combustible.
El caso más emblemático es el del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien fue vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva junto con nueve personas más por el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de hidrocarburos.
El actual titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció públicamente el pasado 16 de septiembre, durante el desfile militar por el 215 aniversario de la Independencia de México, que altos mandos de la institución participaron en la red de corrupción.
“Dimos el golpe de timón y pusimos ante la ley actos reprobables, se trate de quien se trate. En la Marina no encontramos lugar ni abrigo para el mal”, declaró el almirante Morales Ángeles, subrayando que la dependencia decidió enfrentar el problema “de cara al pueblo”.
La Digadmon, centro de las acusaciones, es la unidad responsable del control del presupuesto, adquisición de bienes y servicios, mantenimiento de infraestructura naval y terrestre, y la administración de recursos materiales de la Semar.
En paralelo, la Marina informó haber realizado 27 evaluaciones internas en distintas áreas, con el objetivo de detectar “prácticas indebidas” y riesgos de corrupción. No obstante, los resultados fueron clasificados por cinco años, bajo el argumento de que su divulgación pondría en riesgo la seguridad nacional y la integridad del personal militar.
Fuentes oficiales detallaron que entre las unidades revisadas se encuentran la Dirección General de Obras y Dragado, la Unidad Jurídica, Protección Civil, el Estado Mayor General de la Armada y la Dirección de Recursos Humanos. En varios de los reportes se identificaron “áreas de mejora claras”, al no haberse mitigado completamente los riesgos detectados.
Las revelaciones incrementan la presión sobre la Marina, institución históricamente considerada uno de los pilares más sólidos en materia de seguridad nacional, pero que hoy enfrenta el desafío de reconstruir la confianza ciudadana ante las sospechas de corrupción interna y complicidad con el crimen organizado.
