Redacción
México.- El robo y tráfico ilegal de combustibles, conocido como huachicol, ha expandido su alcance a las 32 entidades del país, generando impactos negativos en la economía, la seguridad pública y el medio ambiente. Expertos alertan sobre las consecuencias en los automovilistas, transportistas e inversionistas, debido a la creciente adulteración de gasolinas.
Según Andrés Gutiérrez, director de CIEFSA, un laboratorio especializado en calidad de combustibles, más del 30% de las gasolinas en México están adulteradas, afectando incluso a estados como Yucatán, Quintana Roo y Campeche, donde anteriormente no se registraba esta problemática.
Entre enero y agosto de 2024, Pemex identificó 8,030 tomas clandestinas, lo que representa una disminución del 19.70% respecto al mismo periodo de 2023. Sin embargo, estados como Yucatán, Coahuila y San Luis Potosí han registrado incrementos significativos en estas actividades, destacando un aumento del 300% en Yucatán.
Hidalgo sigue liderando en número de tomas clandestinas con 1,743 casos en el mismo periodo, aunque muestra una reducción del 36% en comparación con 2023. Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León también figuran entre los estados más afectados.
En términos económicos, Pemex reportó pérdidas no operativas de 94,607 millones de pesos entre enero de 2018 y julio de 2024. Las pérdidas por ductos permisionados de gas licuado de petróleo (LPG) ascienden a 12,386 millones de pesos en el mismo periodo.
Transparencia y sanciones:
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) resolvió que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea) debe transparentar información sobre derrames de hidrocarburos, incluyendo datos específicos como la empresa responsable, la cantidad derramada y las sanciones aplicadas.
