Redacción
Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que destinará 950 millones de pesos para la adquisición de equipos especializados en la detección, inhibición y neutralización de drones equipados con explosivos, que los cárteles de narcotráfico han usado de forma creciente en ataques a instalaciones militares, fuerzas de seguridad y hasta civiles.
La estrategia de la Sedena surge ante un aumento de ataques con “narcodrones” en estados como Michoacán, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Chiapas y Guerrero, considerados zonas de alta alerta. Estos dispositivos, adaptados para portar cargas explosivas, han sido empleados en emboscadas y retenes, provocando muertes y heridos entre las fuerzas del orden. En un ataque reciente, en febrero de este año, cuatro soldados fallecieron y nueve resultaron heridos en la frontera entre Coalcomán y Tepalcatepec, Michoacán, luego de la detonación de drones explosivos.
Hasta el momento, los soldados han recurrido a herramientas básicas como binoculares para intentar detectar drones en el campo, donde deben diferenciar los de uso recreativo de los que representan una amenaza. La compra proyectada de 434 inhibidores o sistemas antidron permitirá a las fuerzas armadas responder con mayor rapidez y efectividad, según se detalla en la solicitud de recursos de la Sedena.
El especialista Ghaleb Krame, coautor del estudio “Narcodrones: rastreando la evolución de las tácticas aéreas de los cárteles en los conflictos de baja intensidad de México”, advirtió sobre la creciente sofisticación de la tecnología de drones utilizada por los cárteles. Estos aparatos han mejorado en capacidades de carga y maniobrabilidad, con algunos modelos equipados con cámaras térmicas y adaptados para transportar cargas explosivas cada vez más pesadas. La Sedena confirmó el decomiso de casi mil drones en Michoacán en los últimos meses, lo que subraya el grado de riesgo que esta tecnología representa en el combate contra el narcotráfico.
El uso de drones explosivos, catalogado como narcoterrorismo por Estados Unidos, representa un desafío cada vez más complejo para la seguridad en México, y este esfuerzo de inversión busca reducir las consecuencias mortales de los ataques a través de tecnología avanzada y una mejor capacidad de respuesta en el terreno.
