Redacción
EE.UU.- El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente al juez Brian M. Cogan que imponga una sentencia de cadena perpetua y una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares contra el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García. Al tipo de cambio actual, la cifra representa 262 mil 860 millones de pesos.
La fiscalía argumentó que los delitos atribuidos al exlíder del Cártel de Sinaloa ameritan la pena máxima prevista por la legislación federal.
La semana pasada, la defensa de “El Mayo” solicitó al juez Cogan que sea recluido en una instalación médica de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), al argumentar que el acusado, de 76 años, presenta diversos problemas de salud asociados con su edad.
Los fiscales sostuvieron que Zambada fue uno de los principales administradores y organizadores del Cártel de Sinaloa, una organización criminal que, según el documento, generó ingresos muy superiores a los 10 millones de dólares anuales. Asimismo, señalaron que durante décadas supervisó el tráfico de millones de kilogramos de narcóticos hacia Estados Unidos.
También lo responsabilizaron de dirigir grupos de sicarios para cometer secuestros, torturas y homicidios, además de destinar millones de dólares al soborno de policías, militares y funcionarios en México para proteger las operaciones del cártel.
Respecto de la solicitud de decomiso por 15 mil millones de dólares, el Departamento de Justicia explicó que el monto corresponde a los ingresos ilícitos que, según la fiscalía, obtuvo durante el periodo en que colideró la organización junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como a las ganancias generadas durante casi una década, cuando asumió el liderazgo tras la captura de Guzmán.
El memorando añade que esta cantidad supera los 12.6 mil millones de dólares reclamados en el caso de “El Chapo” y señala que el monto fue estipulado y aceptado por el propio Zambada como parte de su acuerdo de culpabilidad.
El memorando también respondió a la solicitud de la defensa para que Zambada, de 76 años, sea recluido en un centro de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) con capacidades médicas especializadas, como FMC Butner o MCFP Springfield.
Aunque el gobierno indicó que no se opone a que se evalúen las necesidades médicas del acusado al momento de determinar el centro penitenciario, advirtió al juez que Zambada continúa representando un riesgo significativo para la seguridad.
Según los fiscales, el Cártel de Sinaloa permanece activo y numerosos integrantes continúan siendo leales a Zambada. Por ello, sostuvieron que existe un “riesgo sustancial” de que el acusado intente continuar dirigiendo la organización desde prisión, debido a que personas de su círculo cercano, entre ellas uno de sus hijos, mantienen el control operativo de su facción.
La fiscalía agregó que los centros médicos penitenciarios propuestos por la defensa podrían no ofrecer el nivel de seguridad adecuado para un interno con ese perfil.
