México- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, la minuta del Senado que incrementa significativamente las penas por el delito de extorsión, estableciendo sanciones que pueden alcanzar hasta 42 años de prisión. El dictamen fue respaldado por unanimidad, con 450 votos, tras las modificaciones realizadas en la Cámara Alta a la versión aprobada el pasado 28 de octubre.
El proyecto restituye la redacción original respecto a las sanciones para las autoridades que no denuncien casos de extorsión, luego de que el Senado eliminara la reserva presentada por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. Con ello, la pena para servidores públicos omisos se mantiene entre 10 y 20 años de cárcel.
La reforma establece que el delito de extorsión será castigado con penas de 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA. Las sanciones aumentarán a entre 19 y 33 años cuando la extorsión se cometa contra comerciantes, empresarios, industriales, agricultores, ganaderos, pesqueros o prestadores de servicios públicos o privados. También incluye casos en que sindicatos, agrupaciones o asociaciones obliguen a una persona a adquirir insumos o servicios de terceros, así como cuando el delito afecte a candidatos o personas electas.
La pena se eleva a entre 20 y 37 años cuando la víctima sea una persona migrante, menor de edad, mujer embarazada o adulto mayor de 60 años. Lo mismo aplicará si el agresor tiene una relación de confianza, laboral o de parentesco con la víctima; si utiliza información privada o medios de transmisión de imágenes, voz o datos.
El castigo más severo —de 22 a 42 años de prisión— se impondrá cuando exista violencia física, en casos de montachoques, cuando intervengan personas armadas, cuando se busque inhibir la libertad de expresión o cuando el delito sea cometido por servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o personal de empresas de seguridad privada.
Con esta aprobación, la minuta queda lista para su publicación y entrada en vigor, marcando uno de los endurecimientos legales más importantes en materia de extorsión en los últimos años.
