México- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, una reforma para tipificar el reclutamiento forzado de personas como delito y establecer penas de hasta 25 años de prisión para quienes incorporen a personas a las filas de la delincuencia organizada.
El dictamen adiciona un capítulo denominado “Del Reclutamiento Forzado de Personas” a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el propósito de fortalecer las herramientas legales para investigar y sancionar esta práctica en todo el país.
De acuerdo con las modificaciones aprobadas, quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten a una o más personas para formar parte de la delincuencia organizada, mediante medios impresos, electrónicos u otros mecanismos, podrán recibir penas de entre 10 y 20 años de prisión, además de multas de cinco mil a 50 mil días.
Cuando el reclutamiento se realice mediante intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, las sanciones aumentarán a entre 15 y 25 años de cárcel, con multas de 10 mil a 80 mil días.
La reforma establece también que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado reclutamiento forzado, independientemente de los medios utilizados para incorporarlos a organizaciones criminales.
Asimismo, contempla el incremento de las penas hasta en una mitad en determinadas circunstancias, como cuando el responsable trabaje o haya trabajado en una empresa de seguridad privada, tenga antecedentes en corporaciones de seguridad pública o en la Fuerza Armada Permanente, utilice información confidencial o aproveche la capacitación recibida para cometer el delito.
Durante el debate legislativo, la diputada panista Noemí Luna advirtió que factores como la pobreza, el abandono escolar, la desintegración familiar y la falta de oportunidades pueden facilitar la captación de personas por parte de grupos criminales.
La legisladora citó estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos según las cuales al menos 30 mil menores de edad participan en México en actividades vinculadas con la delincuencia organizada, mientras que entre 155 mil y 250 mil estarían en riesgo de ser captados.
Por su parte, el emecista Pablo Vázquez Ahued sostuvo que la reforma constituye una herramienta para combatir a las organizaciones criminales y fortalecer las responsabilidades de las fiscalías en la investigación y persecución de este delito, al que vinculó con otras problemáticas de seguridad, como la desaparición de personas.
La priista Socorro Jasso destacó que considerar como forzado todo reclutamiento de menores representa una medida relevante para la protección de la infancia. No obstante, señaló que la respuesta institucional también debe incluir atención integral a las víctimas y mecanismos que permitan su reintegración familiar y comunitaria.
En tanto, la morenista Elena Segura explicó que la reforma contempla circunstancias agravantes relacionadas con conductas como la tortura, la violencia sexual, la privación de la libertad y las lesiones, además de supuestos vinculados con la pertenencia de las víctimas a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas.
También se prevé la posibilidad de reducir las penas hasta en una tercera parte cuando los responsables proporcionen información relevante, corroborada mediante otros datos o pruebas, que contribuya al esclarecimiento de los hechos o a la identificación de otros implicados.
Con esta aprobación, la Cámara de Diputados busca establecer un marco legal de alcance nacional para combatir el reclutamiento forzado, fortalecer la persecución penal y brindar mayor protección a las personas afectadas, particularmente a niñas, niños y adolescentes.
