Guanajuato- El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a iniciar el proceso de remoción del fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste.
El legislador argumentó que el fiscal general es responsable de garantizar que el Ministerio Público actúe bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; sin embargo, sostuvo que durante el primer año de gestión se han registrado fallas graves, reiteradas y documentadas que evidencian el incumplimiento de estos lineamientos.
Ramos Sotomayor señaló que estas irregularidades no son hechos aislados, sino que configuran un patrón institucional que incluye vulneraciones a derechos humanos de víctimas e imputados, errores forenses con consecuencias irreversibles, abandono de colectivos de búsqueda y exposición de información reservada por fallas en los sistemas de seguridad.
Entre los señalamientos, mencionó presuntos malos tratos por parte de agentes de investigación criminal, entrega incorrecta de restos humanos y amenazas cibernéticas, cuestionando la eficacia del modelo de fiscalía humanista y advirtiendo sobre una falla estructural en la institución.
El legislador advirtió que, de persistir la opacidad y la falta de resultados, continuarán las violaciones a derechos humanos desde la Fiscalía General del Estado, generando un entorno de desprotección para la ciudadanía.
En el mismo contexto legislativo, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con el objetivo de fortalecer el contenido del informe anual del fiscal y garantizar una rendición de cuentas más clara, completa y orientada a resultados.
La propuesta contempla la inclusión de datos detallados sobre denuncias recibidas, carpetas judicializadas, resoluciones, sentencias, delitos atendidos, resultados de fiscalías especializadas, atención a víctimas, medidas de protección, uso de recursos públicos y procedimientos internos de control.
Aguilar Castillo subrayó que en un Estado democrático la rendición de cuentas es una obligación ineludible, por lo que la Fiscalía debe transparentar su desempeño y ofrecer información verificable que permita evaluar los avances en la procuración de justicia en Guanajuato.
