Guanajuato- La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del estado de Guanajuato en materia de Interrupción Legal del Embarazo, con el objetivo de despenalizar el aborto y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
La legisladora señaló que la despenalización constituye una medida necesaria para salvaguardar derechos como la dignidad humana, la autonomía reproductiva, la igualdad y la salud. Criticó que, pese a los avances jurídicos a nivel nacional, Guanajuato mantenga un esquema de penalización absoluta del aborto, lo que, afirmó, ha significado dar la espalda a las mujeres en múltiples ocasiones.
García Oliveros recordó que el Congreso local recibió la notificación del trámite de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, que otorga un plazo de 90 días al Poder Legislativo para modificar los artículos del Código Penal declarados inconstitucionales. Detalló que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la penalización del aborto autoprocurado o consentido vulnera derechos fundamentales y se sustenta en estereotipos de género que perpetúan la discriminación estructural.
La iniciativa propone redefinir el tipo penal de aborto para establecer que se configure únicamente después de la décima segunda semana de gestación, así como precisar las sanciones aplicables. También se contempla una tipificación clara del aborto forzado, el aumento de penas cuando exista violencia y sanciones adicionales a personal médico que participe en estos actos. Asimismo, se plantean exclusiones del delito en casos de violación, riesgo para la vida o salud de la mujer, o cuando el aborto sea causado por culpa.
Paralelamente, las diputadas Plásida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona, Hades Berenice Aguilar Castillo y Martha Edith Moreno Valencia presentaron una iniciativa para reformar la Constitución Política local, la Ley de Salud, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Víctimas, con el fin de reconocer la autonomía reproductiva y garantizar el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo.
Durante la exposición de motivos, se destacó que la penalización del aborto no evita su práctica, sino que empuja a las mujeres a procedimientos clandestinos e inseguros, incrementando los riesgos a su salud y vida. Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.
