Redacción
Puebla.– Los gobiernos federal y el estatal de Puebla fueron acusados de utilizar vehículos blindados de tecnología militar de origen israelí durante el operativo de seguridad desplegado desde el 29 de junio en San José Chiapa, Puebla, donde comunidades campesinas e indígenas mantienen un conflicto por la defensa de su territorio.
La acusación se difundió a través del sitio Nodo de Derechos Humanos, en una carta internacional firmada por decenas de organizaciones, colectivos, académicos, periodistas y activistas de México y otros países.
En redes sociales, pobladores han difundido videos para mostrar la situación.
Sostienen que el uso de ese equipo representa una violación a tratados internacionales, constituye un acto de intimidación contra la población y reproduce prácticas militares empleadas por Israel en Palestina.
De acuerdo con el documento, en el operativo participan vehículos Black Mamba APC SandCat, fabricados en México por las empresas TPS Armoring y Epel Tácticos, derivados del modelo SandCat de la firma israelí Plasan.
Los firmantes aseguran que ese mismo modelo es utilizado por el Ejército de Israel durante redadas en Cisjordania y Gaza, por lo que consideran que su empleo en territorio mexicano coloca al Estado “en la cadena de complicidad” con ese conflicto.
En el pronunciamiento precisan que desde el 29 de junio el gobierno de Puebla mantiene un cerco policiaco con fuerzas especiales en San José Chiapa.
También, acusan al gobernador Alejandro Armenta de ordenar la ocupación del territorio y amenazar con judicializar a personas defensoras del medio ambiente que se oponen a proyectos en la zona.
Asimismo, cuestionan la actuación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por impulsar una política contra comunidades campesinas e indígenas “en nombre de la sustentabilidad y el bienestar”.
Farol de la calle, oscuridad de la casa.
Los firmantes resaltan que utilizar equipamiento militar contra una comunidad desarmada que se manifiesta pacíficamente constituye un uso desproporcionado de la fuerza pública.
Asimismo, sostienen que esa actuación contraviene los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el cual obliga al Estado a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
La sola presencia de estos vehículos cumple una función de intimidación y, como tal, constituye una forma de violencia estatal”, indica el pronunciamiento.
