México- En México, donde más de un tercio de los hogares son encabezados por madres autónomas, organizaciones feministas denunciaron este Día del Padre una profunda crisis de impunidad y complicidad judicial frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias, que afecta a más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes.
La activista Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina, señaló que en el país persiste la normalización del “padre abandónico”, definido como el hombre que renuncia conscientemente a ejercer su paternidad y evade su responsabilidad económica con sus hijos e hijas.
Pese a los avances legislativos, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios continúa sin consolidarse, y solo Oaxaca y Coahuila han hecho públicos sus listados. La Ciudad de México ha prometido sumarse, pero aún sin resultados visibles. “Pareciera que les están cuidando el prestigio a estos deudores, mientras a nosotras nos dejan solas”, reprochó Vázquez.
Aún más grave, advirtió, es la reciente elección de jueces y funcionarios públicos que enfrentan denuncias abiertas por no pagar pensión alimentaria. Entre los casos documentados se encuentran:
- Roberto Alejandro Pérez, magistrado penal en Veracruz, denunciado por la madre Emilia Espinoza.
- Mirsha Rodrigo León, electo magistrado civil en la Ciudad de México, acusado por complicidad en violencia vicaria.
- Juan Miguel Morales Monter, postulado como magistrado familiar, señalado por la madre Maha Schekaiban por revictimización judicial y retiro arbitrario de custodia.
Las denuncias se formalizaron este domingo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), tras la colocación de carteles con los rostros y nombres de los presuntos deudores frente a sus instalaciones.
“Estos no son casos aislados, sino reflejo de una estructura institucional que protege a quienes abandonan a sus hijos y castiga a las madres que luchan por justicia”, sostuvo la agrupación Ley Sabina contra Deudores Alimentarios, en un pronunciamiento conjunto.
En contraste con la impunidad sistémica, Nuevo León y la Ciudad de México discuten propuestas de ley que buscan restringir la entrada a eventos masivos, como partidos de fútbol o conciertos, a hombres registrados como deudores alimentarios, similar a lo que ocurre en países como Argentina.
“Si tienen para ir al estadio, tienen para alimentar a sus hijos”, sentenció la diputada Greta Barra (Morena), impulsora de la iniciativa en el Congreso neoleonés. Sin embargo, reconoció que la medida dependerá de la creación y actualización del registro estatal, aún inexistente en 28 entidades del país.
