Estados Unidos- La sentencia de cadena perpetua impuesta a Ismael “El Mayo” Zambada por una corte federal de Estados Unidos quedó acompañada por una orden de decomiso de 15 mil millones de dólares, considerada la más alta impuesta a un capo mexicano. No obstante, su defensa sostiene que el gobierno estadounidense enfrenta un obstáculo importante para hacer efectivo ese cobro: la ausencia de bienes identificados a nombre del líder criminal.
El abogado Frank Pérez afirmó que las autoridades no han localizado propiedades o activos registrados a nombre de Zambada, por lo que considera improbable que el monto pueda recuperarse en su totalidad.
La orden, emitida por el juez Brian Cogan, establece que cualquier pago deberá realizarse mediante giro postal o cheque bancario certificado a favor del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service), conforme a los lineamientos fijados por la Corte del Distrito Este de Nueva York.
El decomiso deriva de la declaración de culpabilidad de Zambada por dirigir una organización criminal continua y participar en actividades de delincuencia organizada. Aunque se emitieron dos órdenes de decomiso por el mismo monto, ambas son concurrentes, por lo que la obligación económica permanece en 15 mil millones de dólares y no se duplica.
Como parte del acuerdo judicial, el cofundador del Cártel de Sinaloa renunció a diversos recursos legales para impugnar el decomiso y quedó obligado a colaborar en la transferencia de cualquier bien susceptible de ser confiscado por el gobierno estadounidense.
La cifra no corresponde a recursos o propiedades previamente aseguradas, sino a una estimación elaborada por la justicia estadounidense con base en décadas de operaciones del grupo criminal, el volumen de drogas traficadas, su valor comercial y el flujo de recursos presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas.
De acuerdo con el memorándum de sentencia del fiscal Joseph Nocella Jr., el monto supera en 2 mil 400 millones de dólares el decomiso impuesto a Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019, debido a que refleja los años en que Zambada dirigió el Cártel de Sinaloa tras la captura de su antiguo socio en 2016. Durante ese periodo, las autoridades estiman que la organización distribuyó al menos un millón y medio de kilogramos de cocaína, además de heroína y fentanilo.
Especialistas en justicia financiera advierten que este tipo de órdenes de decomiso suelen recuperar únicamente una fracción de las cantidades fijadas por los tribunales, especialmente cuando los bienes permanecen ocultos o bajo estructuras de terceros.
Respecto a la estrategia jurídica, Frank Pérez explicó que la declaración de culpabilidad representó la mejor alternativa para su cliente, al considerar que la evidencia presentada previamente durante el juicio de Joaquín Guzmán hacía prácticamente imposible obtener un fallo favorable en un juicio.
El litigante sostuvo que aceptar la responsabilidad permitió evitar uno de los procesos federales más complejos y costosos para el sistema judicial estadounidense, además de impedir que decenas de víctimas y testigos comparecieran nuevamente ante la Corte.
Pese a ello, reconoció que la cooperación no se tradujo en una reducción de la condena, ya que Zambada recibió la misma sentencia de cadena perpetua que “El Chapo”. La defensa únicamente solicitó que el narcotraficante no fuera enviado al penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, debido a su estado de salud.
Durante la audiencia de sentencia, el juez Brian Cogan señaló que el acusado presenta problemas físicos y signos de deterioro cognitivo, por lo que recomendó a la Oficina Federal de Prisiones asignarlo a un centro penitenciario con atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado en qué prisión cumplirá el resto de su condena.
