Washington– La deportación de dos niños estadounidenses de 4 y 7 años, junto con su madre a Honduras, ha encendido una nueva controversia en torno a las políticas migratorias de la Administración Trump. Según los abogados de la familia, los menores fueron subidos a un vuelo el viernes pasado, el mismo día en que una niña de 2 años, también ciudadana estadounidense, fue deportada en circunstancias similares.
De acuerdo con los defensores legales, en ninguno de los casos las madres recibieron la opción de dejar a sus hijos en Estados Unidos antes de ser deportadas. Un juez federal de Luisiana expresó su preocupación en particular por la deportación de la niña de 2 años, subrayando que se realizó en contra de la voluntad de su padre, quien aún reside legalmente en el país.
El zar fronterizo del entonces presidente Donald Trump, Tom Homan, negó las acusaciones y afirmó en el programa “Face the Nation” de CBS que a las madres se les ofreció la posibilidad de ser deportadas sin sus hijos, pero decidieron llevárselos consigo. “No se ha deportado a ningún ciudadano estadounidense”, insistió Homan.
Los menores deportados pertenecen a dos familias distintas asentadas en Luisiana. El caso del niño de 4 años ha causado especial alarma, ya que padece un tipo raro de cáncer en etapa avanzada y, según sus abogados, no tuvo acceso a tratamiento ni medicamentos durante su detención previa a la deportación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración, condenaron enérgicamente las acciones del Gobierno. “Lo que vimos de ICE en los últimos días es horrible y desconcertante”, declaró Gracie Willis, abogada que lleva uno de los casos.
Por su parte, el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la postura del Gobierno en “Meet the Press” de NBC, argumentando que “los niños se fueron con sus madres” y que, como ciudadanos estadounidenses, pueden regresar si un familiar u otro responsable legal en EE. UU. así lo solicita.
El episodio ha reavivado la discusión sobre el debido proceso en materia migratoria y los derechos de los niños ciudadanos estadounidenses atrapados en operativos de deportación, en un contexto de creciente endurecimiento de las políticas migratorias durante aquella administración.
