Estados Unidos- En una decisión clave que afecta a más de medio millón de personas, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración Trump a revocar de inmediato el estatus legal temporal de miles de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes habían sido admitidos bajo programas de libertad condicional humanitaria durante la presidencia de Joe Biden.
Con dos votos en contra, el máximo tribunal suspendió una orden previa de una corte federal que impedía cancelar dichos permisos mientras se resolvía el litigio. La medida ahora permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado por Kristi Noem, poner fin de forma masiva a los programas de protección migratoria, sin la necesidad de revisar caso por caso.
Esta decisión marca la segunda revocación judicial en menos de dos semanas que podría derivar en la deportación de cientos de miles de migrantes. El pasado 19 de mayo, la Corte también permitió retirar protecciones a 350 mil venezolanos bajo un esquema distinto.
Las magistradas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor fueron las únicas en disentir, alertando sobre las “devastadoras consecuencias” que implicaría “trastornar precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de no ciudadanos” mientras sus reclamaciones legales aún están pendientes.
El programa de libertad condicional fue impulsado por la administración Biden como un recurso humanitario y de interés público para atender la llegada ordenada de personas con patrocinadores estadounidenses. Desde su implementación, más de 532 mil migrantes se beneficiaron de esta vía para ingresar legalmente por dos años.
No obstante, la administración Trump ha calificado el esquema como un abuso de la herramienta migratoria, y su equipo legal defendió ante la Corte que la orden de la jueza Indira Talwani —quien estableció que las revocaciones debían ser individualizadas— limitaba injustificadamente el poder discrecional del Ejecutivo.
El fiscal general D. John Sauer, representante legal del gobierno de Trump ante el tribunal, argumentó que revocar caso por caso sería una “tarea colosal” y que el Ejecutivo debe tener control pleno sobre las decisiones en política migratoria.
