Estados Unidos- La Corte Federal de Comercio Internacional de Estados Unidos (CFCI), con sede en Nueva York, bloqueó este miércoles los aranceles del 25% impuestos en marzo por el expresidente Donald Trump a las importaciones procedentes de México, Canadá y China. El tribunal consideró que Trump se extralimitó al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEPPA, por sus siglas en inglés) para justificar estas medidas.
El fallo, emitido por un panel de tres jueces, declaró inválidas tanto las tarifas dirigidas a México y Canadá, que habían sido justificadas por Trump como una respuesta a la crisis de migración y al tráfico de fentanilo, como aquellas aplicadas el 2 de abril a 57 países bajo el argumento de combatir déficits comerciales y tratos discriminatorios.
“Por muy acertada que pueda ser esta estrategia diplomática, esta no se ajusta a la definición legal de ‘lidiar’ con la emergencia (por fentanilo) mencionada”, señala el fallo de la Corte.
La decisión judicial responde a una demanda presentada por un grupo de empresas y 12 estados gobernados por el Partido Demócrata, liderados por Arizona y Oregon. En su defensa, argumentaron que imponer aranceles es una facultad exclusiva del Congreso, y que el Ejecutivo no puede tomar este tipo de decisiones de forma unilateral bajo pretextos que no se ajustan a las leyes vigentes.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció de inmediato que apelará la resolución, lo que podría retrasar la entrada en vigor del fallo. Mientras se resuelve la apelación en la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, con sede en Washington, y eventualmente en la Suprema Corte, las tarifas podrían mantenerse vigentes.
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. La Administración está comprometida a usar todos los recursos del Ejecutivo para abordar esta crisis”, declaró Kush Desai, vocero de la Casa Blanca.
El tribunal determinó que Washington deberá suspender los aranceles en un plazo de 10 días, excepto aquellos dirigidos al acero, aluminio y automóviles, que cuentan con una justificación legal distinta.
Dan Rayfield, procurador general de Oregon, celebró la decisión. “Este fallo reafirma que nuestras leyes importan y que las decisiones comerciales no pueden tomarse a capricho del Presidente”, expresó.
Expertos en comercio internacional señalaron que esta decisión judicial debería ser una llamada de atención para los gobiernos que negocian acuerdos con Estados Unidos, particularmente ante eventuales escenarios con liderazgos unilaterales. “Si usted es un Gobierno que negocia con la Administración Trump sobre aranceles… tal vez sea momento de recalibrar su posición”, advirtió Simon Lester, investigador de la Universidad de Rice.
