Guanajuato- El Congreso del Estado de Guanajuato renovó su parque vehicular con la adquisición de siete nuevos automóviles y camionetas para diputados y personal administrativo, lo que representó una inversión total de 3 millones 294 mil 640 pesos.
La compra de los vehículos se justificó con la venta de siete unidades anteriores, que generaron 1 millón 335 mil pesos, y el resto del monto provino de las “economías” del ejercicio fiscal anterior, así como del presupuesto de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN).
¿Quiénes recibieron los nuevos vehículos?
Los automóviles adquiridos incluyen modelos Volkswagen Virtus, Taos y Taigun, además de una camioneta Toyota Highlander 2024. Entre los beneficiados destacan:
- Jorge Espadas Galván (coordinador de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y diputado del PAN): Toyota Highlander 2024 – 937 mil 400 pesos.
- Sergio Contreras (coordinador del PVEM): Volkswagen Taos 2025 – 540 mil 990 pesos.
- Carolina León Medina (diputada del PT): Volkswagen Taigun – 402 mil 370 pesos.
- Director de Control y Bienes, Adquisiciones y Almacén y Servicios Generales: Volkswagen Virtus – 353 mil 470 pesos.
- Director Administrativo, titular de Comunicación Social y coordinador de asesores del PAN: Volkswagen Virtus – 353 mil 470 pesos cada uno.
Según el Congreso estatal, la adquisición de los vehículos no representa un aumento en la flotilla vehicular, ya que simplemente reemplaza a los autos vendidos. Además, se realizó bajo los “Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Congreso del Estado”, aplicables al ejercicio 2024.
Los vehículos anteriores fueron adquiridos por una agencia automotriz tras un dictamen pericial que determinó su valor comercial.
Aunque la compra de los vehículos se realizó con recursos existentes y sin aumentar el número de unidades, la inversión millonaria ha generado opiniones divididas. Mientras que los diputados justifican la renovación como parte del mantenimiento operativo del Congreso, ciudadanos y analistas cuestionan si este gasto era prioritario en un estado con múltiples necesidades sociales.
