Redacción
Buenos Aires, Argentina- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, relacionado con la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. El fallo también contempla la inhabilitación perpetua de Kirchner para ejercer cargos públicos.
La decisión, emitida en un fallo de más de 1,600 páginas, fue respaldada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que el magistrado Gustavo Hornos propuso añadir el delito de asociación ilícita, como lo había solicitado la Fiscalía. En la misma causa se confirmaron condenas contra Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios. Se validó, además, el decomiso de aproximadamente 84 mil millones de pesos, correspondientes al perjuicio causado a las arcas públicas.
Detalles del caso
El proceso judicial evaluó cincuenta y un licitaciones de obras viales en Santa Cruz, realizadas entre 2003 y 2015, que se adjudicaron de manera irregular a un grupo de empresas vinculadas a Báez. Estas licitaciones fueron llevadas a cabo principalmente por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, en colaboración o bajo la dirección de la Dirección Nacional de Vialidad. Durante el juicio, se determinó que estas prácticas fraudulentas se beneficiaron de un “circuito de irregularidades” avalado por decisiones gubernamentales, incluidas las del Poder Ejecutivo encabezado por Kirchner, con el fin de concretar la asignación de recursos.
Un fallo con impacto político y jurídico
A pesar de la confirmación de la condena, esta no es ejecutable de manera inmediata. Cristina Kirchner y el resto de los condenados pueden apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no tiene plazos definidos para resolver el recurso, lo que deja en suspenso la aplicación definitiva de la sentencia.
Este fallo representa un nuevo capítulo en las múltiples causas judiciales que enfrenta la ex mandataria, quien ha defendido reiteradamente su inocencia, calificando las investigaciones como parte de una persecución política. Por su parte, la defensa de los condenados ha anunciado que recurrirá el fallo ante la Corte, con el objetivo de revertir o atenuar la decisión.
