Estado de México- La justicia alcanzó a quien alguna vez detentó el poder municipal. María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, fue sentenciada a 70 años de prisión tras ser hallada culpable del delito de homicidio calificado en agravio del síndico municipal y del chofer del ayuntamiento, asesinados en enero de 2023 por instrucciones directas de la entonces alcaldesa, según acreditó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
De acuerdo con la investigación judicial, las víctimas —identificadas con las iniciales G.J.R. y M.A.L.C.— fueron enviadas por su superior jerárquica a una zona de alto riesgo con presencia de grupos criminales, de donde nunca regresaron. Un día después, sus cuerpos fueron localizados dentro de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla, en el municipio de Zacazonapan.
Las indagatorias revelaron que el objetivo central del crimen era mantener el control político y administrativo del municipio. Para lograrlo, Martínez Robles habría ordenado el asesinato del síndico municipal y establecido comunicación directa con integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, a quienes solicitó ejecutar el homicidio. Como parte del plan, el síndico fue citado a una supuesta reunión en Zacazonapan el día de los hechos.
La Fiscalía documentó además que la exalcaldesa participó en diversas reuniones con miembros de esa célula delictiva para coordinar decisiones dentro de la administración municipal, un elemento clave que permitió sustentar la responsabilidad penal de la exfuncionaria y evidenciar la colusión entre autoridades locales y el crimen organizado.
La detención de Martínez Robles se concretó durante la Operación “Enjambre”, mediante un despliegue conjunto de fuerzas estatales y federales, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Además de la pena de prisión, la sentencia impone el pago de reparación del daño por más de 200 mil pesos a cada una de las víctimas, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos. El fallo se convierte en la onceava sentencia condenatoria derivada de la Operación “Enjambre”, una estrategia que ha permitido la detención de decenas de personas consideradas objetivos prioritarios por su presunta relación con estructuras criminales incrustadas en gobiernos municipales.
El caso de Amanalco deja una herida abierta en la memoria pública, pero también envía un mensaje contundente: el poder no otorga impunidad, y la justicia puede alcanzar incluso a quienes traicionaron su cargo y a su comunidad.
