Redacción
León.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevó ante la justicia a María de los Ángeles y Aarón Eduardo, tras una investigación exhaustiva que permitió acreditar su probable participación en los delitos de secuestro agravado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cometidos en León.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada este 15 de octubre, relacionada con la privación de la libertad de una persona.
De acuerdo con la investigación, la víctima intentó mediar en una situación de conflicto financiero, pero los agresores la retuvieron y amenazaron con privarla de la vida si no entregaba una suma de dinero excesiva.
Además, la obligaron a firmar diversos pagarés como garantía del pago exigido. Tras ser liberada, fue nuevamente presionada y amenazada para cumplir con las exigencias económicas impuestas por sus captores.
Desde el momento en que la Fiscalía tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos de atención y respuesta inmediata, desplegando un equipo multidisciplinario conformado por agentes de investigación criminal, analistas de información, peritos forenses y agentes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias necesarias para esclarecer el delito e identificar a los responsables.
Durante las indagatorias, los analistas de la Fiscalía detectaron un patrón delictivo relacionado con un esquema de préstamos “gota a gota”, en el cual las víctimas eran sometidas a extorsiones, amenazas y agresiones por parte de los prestamistas al no poder cubrir los pagos.
A partir de esta línea de investigación, se identificó a los imputados, conocidos como “los colombianos”, quienes según la denuncia, utilizan la intimidación y la violencia hacia las víctimas para obtener dinero de manera ilícita.
En virtud de los hechos denunciados y de los datos de prueba recabados, la Agencia de Investigación Criminal, bajo la conducción del Ministerio Público, implementó un operativo táctico que culminó con la detención de los inculpados.
En el lugar se aseguraron dinero en efectivo, teléfonos móviles y otros objetos de valor probatorio, los cuales fortalecieron la acusación.
Tras ser presentados ante un Juez, y con base en las pruebas técnicas, periciales y testimoniales aportadas por el Ministerio Público, se dictó auto de vinculación a proceso, imponiendo prisión preventiva a ambos imputados mientras se desarrolla el proceso penal.
