Redacción
México –Un conflicto agrario de larga data ha servido como pretexto para cerrar por más de tres días la carretera México-Puebla, generando caos y cuantiosas pérdidas económicas. Ejidatarios de la localidad de Ignacio López Rayón, en Puebla, tomaron las carreteras libre y de cuota a Puebla, así como el Arco Norte, en demanda de una indemnización por la construcción de vialidades hace más de 60 años.
El artículo sexto de la Constitución Mexicana garantiza la libertad de expresión, siempre y cuando no se afecten los derechos de terceros, se provoquen delitos o se altere el orden público. Asimismo, el artículo noveno establece que una protesta no puede ser disuelta a menos que implique violencia o intimidación para obligar a las autoridades a resolver en favor de los inconformes. Sin embargo, los afectados por este bloqueo, entre los que se incluyen transportistas, comerciantes, ciudadanos y pacientes en busca de atención médica, consideran que estos derechos han sido vulnerados.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que, hasta ayer, las pérdidas sumaban 131 mil millones de pesos. Aproximadamente 10 mil toneladas de productos perecederos no han llegado a su destino, afectando la cadena de suministro de partes automotrices, bienes de consumo y alimentos. “Mientras pasen los días y las horas, las pérdidas crecen”, advirtió Miguel Ángel Martínez, presidente de la Canacar.
A pesar de la gravedad de la situación, los automovilistas, transportistas y empresarios expresaron su frustración por la falta de acción por parte de las autoridades federales, quienes no han desbloqueado las vías ni aplicado la ley que faculta su intervención en estos casos. La Ley de Vías Generales de Comunicación, reformada en 2021, establece penas de tres meses a siete años de prisión para quienes interrumpan el tránsito vehicular y la operación del servicio de peaje, pero hasta ahora, no ha habido consecuencias.
“Nos han dejado solos”, comentó un conductor afectado, quien, como muchos otros, pasó horas varado sin recibir información ni asistencia por parte de las autoridades.
El Fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, informó que se investiga a dos abogados acusados de causar daño patrimonial a los ejidatarios, pero la reacción oficial ha sido lenta y insuficiente. Aunque el gobierno estatal anunció anoche que se logró liberar un carril de la carretera México-Puebla, la mayoría de las vías permanecen bloqueadas, manteniendo el conflicto y sus efectos negativos en curso.
