Redacción
Cuba.- La Fiscalía de Cuba ha pedido una condena de diez años de prisión para Sulmira Martínez, una influencer de 22 años, por mantener contactos con disidentes en el exterior, intentar organizar una manifestación y publicar comentarios críticos contra el Gobierno en redes sociales.
Según el escrito al que tuvo acceso EFE, el fiscal acusa a Martínez de desacato y de un delito contra el orden constitucional. La solicitud de juicio oral fue presentada ante la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana el pasado 15 de abril, después de quince meses de su arresto. Durante este tiempo, Martínez ha estado en prisión provisional entre el centro de detención de la Seguridad del Estado de Villa Marista y la Prisión de Mujeres de Occidente.
El fiscal sostiene que Martínez comenzó su actividad crítica en redes entre finales de 2021 y principios de 2022, la cual fue detectada por la Dirección de Análisis de la Información del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS). Se le acusa de crear perfiles anónimos en Facebook donde publicó mensajes como “Con la dictadura no se dialoga. Golpea, machácalos como ellos hacen contigo” y “Es hora de alzarnos en contra de quienes ponen a nuestros hijos a pasar hambre”, así como referencias despectivas al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Además, se le imputa la creación de un grupo en WhatsApp donde abogaba por planificar “otro 11 de julio”, en referencia a las protestas antigubernamentales en la isla. Aunque no se materializó ninguna acción concreta, el fiscal la acusa de incitar a otros cubanos a manifestarse en redes y en la calle.
El escrito también menciona que Martínez se comprometió a hacer carteles críticos y se le alentó a fabricar cócteles incendiarios, aunque no se tiene evidencia de que haya llevado a cabo estas acciones.
Este caso se suma a otros procesamientos de personas por su actividad en redes sociales en Cuba, lo que ha generado críticas de diversas ONG que denuncian la falta de garantías para la libertad de expresión en el país, a pesar de estar recogida en la Constitución de 2019.
