Sinaloa- Juan Alejandro, de un año y cuatro meses de edad, murió la noche del sábado 5 de septiembre tras quedar en medio de un ataque armado registrado en la colonia Prados del Sur, al sur de Culiacán, Sinaloa, donde también perdieron la vida otras dos personas.
El menor se encontraba con su familia afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Mar de Coral, entre Islas Mascareñas e Islas Salomón, cuando un grupo de sujetos armados llegó al lugar y abrió fuego contra las personas reunidas. La agresión ocurrió alrededor de las 20:30 horas, de acuerdo con reportes de medios locales.
Los primeros informes señalaron que los agresores utilizaron armas largas y realizaron múltiples disparos antes de escapar. En el sitio murió un hombre identificado como Jesús Manuel, de entre 25 y 30 años.
Juan Alejandro fue trasladado de emergencia a las instalaciones de la Cruz Roja, donde médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, minutos después confirmaron su fallecimiento debido a una herida de bala en el cráneo.
Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa localizó en la escena decenas de casquillos percutidos de armas de grueso calibre. La zona fue acordonada para permitir las diligencias del Servicio Médico Forense y agentes de investigación.
Otras dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a diferentes hospitales. Durante la mañana del domingo 6 de septiembre se confirmó además la muerte de Jonathan, señalado de manera preliminar como uno de los presuntos responsables del ataque. Versiones iniciales indican que habría recibido un disparo de sus propios acompañantes durante la balacera.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el móvil de la agresión ni precisado contra quién estaba dirigido el ataque.
El homicidio de Juan Alejandro se suma a la violencia que ha afectado a niñas, niños y adolescentes en Sinaloa. De acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México, hasta abril de 2026 se habían documentado 250 menores muertos por heridas de bala en la entidad desde septiembre de 2024.
La madre del bebé, Alejandra Armenta, exigió justicia y rechazó que la vida de su hijo sea reducida a las cifras de la violencia que atraviesa el estado. En redes sociales afirmó que ella y su esposo son personas humildes y honradas y lamentó que su hijo fuera privado de la vida.
