México- El histórico aseguramiento de combustible ilegal realizado el 19 de marzo en el puerto de Tampico, Tamaulipas, podría ser aún más grave de lo reportado inicialmente. Mientras que el Gobierno federal informó la incautación de 10 millones de litros, documentos oficiales revisados apuntan a que el volumen real confiscado alcanzaría los 20.6 millones de litros.
El decomiso se efectuó cuando el buque Challenge Procyon, procedente de Texas, arribó con la carga en cuestión. La empresa importadora, Intanza, intentó recuperar el combustible mediante cuatro amparos, respaldados con una factura de la empresa estadounidense Hevi Transport LLC y un pedimento de importación fechado un día antes del aseguramiento. Llama la atención que el domicilio fiscal declarado corresponde a un modesto apartamento en la avenida Luis Elizondo 335, en Monterrey, Nuevo León.
El historial de operaciones de Intanza ha despertado sospechas. Desde el 12 de octubre de 2023, ha reportado la importación de “aditivos para aceites lubricantes a granel”, incluyendo una operación de 19 millones de litros a través del puerto de Guaymas, Sonora. No obstante, autoridades federales indagan si estos productos en realidad encubrían el ingreso de combustible ilegal, evadiendo controles fiscales y regulatorios.
La situación se complica tras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que revela que Francisco Javier Antonio Martínez, actual director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico, mantiene vínculos empresariales con los accionistas de Intanza, Ramiro Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez. Los tres figuran como socios en la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure.
Francisco Javier Antonio Martínez asumió su puesto en ASIPONA apenas en marzo de 2024, un mes antes de que Intanza realizara su primer ingreso de aditivos por el puerto de Tampico, lo que ha encendido alertas en dependencias federales por un posible conflicto de interés o encubrimiento.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se abrirá una investigación formal contra el funcionario o contra los empresarios involucrados. El caso podría derivar en responsabilidades administrativas, fiscales o incluso penales, en caso de comprobarse la participación deliberada de actores públicos en el ingreso irregular del combustible.
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