El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la Ley para Mujeres Jefas de Familia, un nuevo marco jurídico que busca reconocer las condiciones particulares de quienes asumen la responsabilidad principal del sostenimiento y dirección de sus hogares, así como del cuidado de sus hijas, hijos y personas dependientes económicamente.
La legislación tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las mujeres jefas de familia que se encuentran en situación socioeconómica vulnerable, mediante programas y acciones que garanticen el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad sustantiva, además de fortalecer su autonomía, desarrollo integral y empoderamiento económico.
Entre los derechos contemplados destacan vivir libres de violencia y discriminación, acceder de manera prioritaria a programas gubernamentales, recibir orientación jurídica y asistencia social, así como contar con oportunidades de empleo digno, capacitación, créditos y apoyos para desarrollar proyectos productivos.
También se establece el acceso a servicios integrales de salud física y mental, servicios de cuidado infantil, apoyo educativo y oportunidades para continuar sus estudios, además del aprovechamiento de las tecnologías de la información para impulsar su desarrollo personal y económico.
Como parte de los mecanismos de aplicación, se creará el Comité Estatal para el Desarrollo de las Mujeres Jefas de Familia, organismo que tendrá la responsabilidad de proponer políticas públicas, dar seguimiento a los programas y establecer mecanismos de evaluación y participación ciudadana.
El comité será presidido por la persona titular de la Secretaría de las Mujeres y contará con representantes de distintas dependencias estatales, entre ellas las secretarías de Economía, Finanzas, Derechos Humanos y Salud, así como del DIF estatal y los sectores social, privado y académico.
La nueva ley también distribuye responsabilidades entre autoridades estatales y municipales para impulsar acciones de desarrollo económico, vinculación laboral, financiamiento, educación, salud y asistencia social. Asimismo, establece que deberán destinarse anualmente recursos suficientes para su cumplimiento, conforme al principio de progresividad.
El Comité Estatal deberá instalarse en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la legislación, mientras que el reglamento correspondiente tendrá que expedirse dentro de los 180 días siguientes a la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Durante la presentación del dictamen, la diputada Ana María Esquivel Arrona destacó el esfuerzo cotidiano de las mujeres que sostienen económicamente a sus familias, administran los recursos del hogar y asumen responsabilidades de cuidado, muchas veces sin recibir reconocimiento.
Por su parte, la legisladora María Isabel Ortiz Mantilla señaló que, de acuerdo con cifras del INEGI, la proporción de hogares con jefatura femenina en Guanajuato pasó de 23.9 por ciento en 2010 a 32.9 por ciento en 2020, lo que significa que uno de cada tres hogares está encabezado por una mujer.
Las diputadas Maribel Aguilar González y María del Pilar Gómez Enríquez también respaldaron el dictamen y destacaron la importancia de fortalecer la autonomía económica, las oportunidades laborales y el acceso a financiamiento para las mujeres.
En tanto, Sandra Alicia Pedroza Orozco explicó que su respaldo a la legislación no representa un cheque en blanco y advirtió sobre la necesidad de evitar prácticas asistencialistas, así como garantizar una fiscalización rigurosa del presupuesto y evaluar los resultados de las políticas públicas.
Con esta aprobación, Guanajuato establece un marco legal específico para atender las necesidades de las mujeres que encabezan sus hogares, con el propósito de ampliar sus oportunidades y reducir las brechas de desigualdad.
En Resumen
- Reconocimiento: Protege a las mujeres que asumen la responsabilidad principal de mantener y dirigir sus hogares, así como el cuidado de hijas, hijos menores de edad o personas dependientes en situación socioeconómica vulnerable.
- Derechos clave: Acceso prioritario a programas gubernamentales, empleo digno, capacitación, proyectos productivos, créditos, asistencia social, orientación jurídica y servicios integrales de salud física y mental.
- Igualdade e inclusión: Busca generar autonomía económica y garantizar una vida libre de violencia y discriminación.
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