Guanajuato.— La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso del Estado analizó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, encaminada a modernizar progresivamente el transporte público urbano y suburbano para garantizar accesibilidad, seguridad y autonomía a las personas con discapacidad y movilidad reducida.
Durante una mesa de trabajo, los participantes respaldaron el enfoque humanista de la propuesta, aunque señalaron que su aplicación debe considerar las condiciones particulares de los 46 municipios, debido a las diferencias en topografía, demanda de transporte, parque vehicular y capacidades presupuestales de las administraciones municipales y concesionarios.
Entre las principales observaciones se planteó evitar que los costos de adaptación y mantenimiento de las unidades accesibles se trasladen directamente a las tarifas del transporte público. Los asistentes propusieron establecer mecanismos de financiamiento, subsidios estatales, incentivos fiscales y facilidades crediticias para los operadores que cumplan con metas de accesibilidad.
También se propuso ampliar el concepto de accesibilidad para incluir no sólo las necesidades de personas con discapacidad motriz, sino también adecuaciones para quienes presentan discapacidades sensoriales, auditivas y visuales, además de considerar espacios públicos, perros de asistencia y otras ayudas técnicas.
Respecto a la propuesta de establecer al menos una unidad accesible por ruta, participantes de la mesa cuestionaron la viabilidad de una cuota rígida y plantearon que la cobertura se determine de manera progresiva, a partir de estudios de demanda, frecuencia, cobertura territorial y los ciclos de renovación de las unidades.
Para ello, recomendaron establecer un régimen transitorio que obligue a las autoridades a elaborar diagnósticos integrales y programas de modernización con metas, plazos e indicadores que permitan supervisar permanentemente los avances.
El diputado Ernesto Millán Soberanes defendió el derecho de las personas con discapacidad a contar con un transporte público digno, autónomo y accesible. Propuso establecer plazos graduales y viables para municipios y concesionarios, además de consultar a los prestadores del servicio sobre las adecuaciones técnicas necesarias, como rampas y plataformas.
El legislador sostuvo que los costos de estas adaptaciones no deben traducirse en incrementos tarifarios para la ciudadanía, al considerar que se trata del cumplimiento de un derecho. Asimismo, respaldó una definición integral de discapacidad que permita atender las distintas barreras estructurales que enfrentan las personas usuarias.
Por su parte, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que existe viabilidad para avanzar hacia la dictaminación de la iniciativa mediante un análisis técnico que incorpore las observaciones realizadas durante la mesa de trabajo.
La diputada también consideró necesario realizar consultas con personas con discapacidad y empresas concesionarias del transporte público, con el propósito de incorporar las necesidades de los sectores directamente involucrados y favorecer una implementación adecuada de la reforma.
En la reunión participaron representantes de la Consejería Jurídica del Estado de Guanajuato, Secretaría de Obra Pública, Secretaría de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia Administrativa, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, así como asesores parlamentarios y personal de distintas áreas del Congreso estatal.
