México- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la expedición de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo es disminuir el uso de efectivo y promover la adopción de medios de pago digitales en México.
Después de más de cuatro horas de discusión, el dictamen fue aprobado en lo particular con 327 votos a favor y 122 en contra, por lo que será enviado al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual votación.
Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, explicó que la legislación busca establecer un marco jurídico para promover la adopción e implementación de medios de pago electrónicos y digitales en el país.
Entre las principales disposiciones se contempla que la CURP digital sea reconocida como mecanismo de identificación oficial para la contratación digital de servicios financieros.
La propuesta también plantea crear un Expediente Digital Ciudadano para consultar y utilizar documentos e información de las personas usuarias, al que se otorgarían efectos jurídicos equivalentes a los documentos físicos.
El proyecto contempla además impulsar el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnologías NFC y otras herramientas digitales reconocidas por las autoridades financieras.
En el ámbito gubernamental, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para aceptar pagos electrónicos y digitales en trámites y servicios.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría facultades para identificar sectores o actividades consideradas vulnerables en los que los pagos digitales podrían convertirse en la única modalidad aceptada.
Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron principalmente los costos que la transición hacia un sistema de pagos digitales podría representar para las micro, pequeñas y medianas empresas.
La diputada Verónica Pérez, del PAN, señaló que los pequeños negocios podrían verse obligados a adquirir terminales de punto de venta, contratar servicios de internet y asumir comisiones por operaciones bancarias con recursos propios.
“¿Quién va a pagar todo eso?”, cuestionó la legisladora, al advertir que los costos de infraestructura y operación podrían representar una carga para los establecimientos de menor tamaño.
Por su parte, la diputada Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, cuestionó las facultades otorgadas a la Secretaría de Hacienda y señaló que el artículo 13 permitiría a la dependencia determinar en qué sectores estratégicos o actividades vulnerables dejaría de aceptarse el efectivo.
El diputado priista Emilio Suárez Licona también expresó preocupación por la falta de disposiciones específicas para prevenir fraudes y otros ciberdelitos financieros, ante el crecimiento de este tipo de ilícitos.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto pasará al Senado, donde será analizado antes de definir su eventual aprobación y entrada en vigor.
