Jalisco- Empresarios y comerciantes del municipio de Tequila, Jalisco, denunciaron haber sido sometidos durante meses a un presunto esquema de extorsión y abuso de poder encabezado por el alcalde Diego Rivera Navarro y colaboradores de su administración, quienes habrían utilizado estructuras del ayuntamiento para imponer cobros, cuotas y sanciones fuera de la ley, de acuerdo con denuncias, testimonios e investigaciones periodísticas.
Según los señalamientos, el esquema habría operado desde octubre de 2024 y estaría documentado en expedientes federales que incluyen acusaciones de delincuencia organizada, extorsión y secuestro. Las indagatorias refieren también una presunta protección de grupos del crimen organizado en la región.
El caso que detonó la atención pública fue el de la empresa tequilera José Cuervo, que en diciembre de 2025 denunció el cobro de 60 millones de pesos por concepto de impuesto predial, monto que duplicaba la recaudación anual de ese gravamen en el municipio. Tras negarse a cubrir la cifra, autoridades municipales colocaron sellos de clausura en la destilería. Después de negociaciones, la empresa pagó 17 millones de pesos y las instalaciones fueron reabiertas.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció a finales de 2025 que al menos 10 empresas tequileras y hoteles denunciaron extorsiones y cobros irregulares por parte de la autoridad municipal. Testimonios recabados por medios nacionales indican que transportistas turísticos y comercios eran obligados a pagar cuotas por visitante que ingresaba al municipio, además de multas y pagos adicionales para retirar clausuras.
Declaraciones integradas en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) describen exigencias de pagos iniciales de hasta 50 mil pesos para reabrir negocios y cuotas mensuales de 20 mil pesos para continuar operando. También se documentan cobros únicos que alcanzaron hasta 150 mil pesos, así como amenazas y agresiones.
La FGR sostiene en su expediente que el presidente municipal habría utilizado la estructura de gobierno para fines delictivos, convirtiendo —según la acusación— al ayuntamiento en una plataforma para extorsiones, privaciones de la libertad y control político. En la investigación se menciona a directores de áreas municipales, mandos policiales y operadores señalados por su presunta participación.
El expediente incluye además testimonios de víctimas que reportaron amenazas, violencia y presuntos secuestros relacionados con procesos electorales locales, así como la operación de casas de seguridad y cobros sistemáticos a negocios. El caso continúa bajo investigación federal.
