Redacción
Guanajuato.- El estado de Guanajuato enfrenta una situación de acoso y hostigamiento sexual cometidos contra mujeres servidoras públicas. De acuerdo con cifras oficiales, en al menos 12 municipios se han acumulado un total de 26 denuncias formales o investigaciones por estos delitos durante la actual administración.
Se estima que la realidad puede ser aún más sombría, ya que muchos de los casos que han salido a la luz mediática no cuentan con una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
Con el fin de abordar esta problemática de manera más contundente, la diputada Martha Ortega, del Partido Verde, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. El objetivo es establecer como falta administrativa grave el hostigamiento y acoso sexual cometido por servidores públicos, lo que conllevaría sanciones que podrían ir desde tres meses hasta un año de inhabilitación para quienes incurran en este tipo de conductas.
Dentro de los municipios con casos registrados de acoso sexual, Silao lidera la preocupante lista con cuatro expedientes iniciados en 2023, de los cuales tres aún están en trámite y uno ha sido concluido. En el mismo año, Guanajuato capital ha reportado tres casos de hostigamiento y acoso laboral y sexual, involucrando a la dirección de obra pública y Protección Civil.
Comonfort ha registrado tres casos, uno en investigación y tres concluidos y archivados, sin que se hayan impuesto sanciones a los presuntos responsables. Tierra Blanca también presenta tres casos, uno en servicios municipales, otro en seguridad pública y uno más en el DIF, mientras que en Huanímaro son dos las quejas, pero las medidas de protección a las víctimas no procedieron.
Purísima del Rincón y Moroleón acumulan dos denuncias cada uno, involucrando direcciones de obras públicas, seguridad pública, deportes y protección civil, respectivamente.
Los municipios de Cortazar, Xichú, San José Iturbide, Dolores Hidalgo e Irapuato han registrado cada uno una denuncia por acoso y hostigamiento sexual.
Una constante en estos casos es que en más del 90% de ellos, las investigaciones continúan, lo que vulnera el derecho de las víctimas a una justicia expedita. Además, en muchos de los casos, las medidas pertinentes para proteger a las afectadas no se han aplicado adecuadamente.
La sociedad guanajuatense y las autoridades enfrentan un reto importante para erradicar esta violencia de género en el ámbito laboral y garantizar ambientes seguros para las mujeres que prestan sus servicios en el sector público. Se espera que la iniciativa presentada por la diputada Martha Ortega impulse acciones contundentes para poner fin a esta preocupante problemática en el estado.
Con información de Telediario
