México- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la sanción de 82 personas servidoras públicas federales, entre ellas dos trabajadores que laboraban en Guanajuato, además de una persona particular y una empresa. En conjunto, las resoluciones contemplan multas por 175 millones de pesos, destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años para ejercer cargos públicos.
Las investigaciones involucraron a personal de diversas instituciones, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Agricultura y Desarrollo Rural; Educación Pública; Economía; Hacienda y Crédito Público, además del Banco del Bienestar y otras dependencias.
De las 82 personas servidoras públicas sancionadas, 15 recibieron inhabilitaciones por 10 años, mientras que el resto obtuvo castigos de distintas duraciones, que van desde días hasta tres años, dependiendo de la gravedad de las faltas.
Uno de los casos relacionados con Guanajuato corresponde a un trabajador de Pemex identificado como “Cristofer C.”, adscrito al Hospital Regional Salamanca, quien recibió una inhabilitación de 10 años y una sanción económica de 362 mil pesos.
De acuerdo con la dependencia, el empleado no dio de baja el registro de un vehículo que había vendido y continuó cobrando la prestación de gasolina entre 2021 y 2024, por un monto equivalente a la sanción económica impuesta.
El segundo caso corresponde a “Emmanuel A.”, trabajador de la División de Distribución Bajío de la CFE, en Guanajuato, quien fue inhabilitado durante un año para ejercer cargos públicos.
La resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) señala que, durante un procedimiento de contratación realizado en 2023 para adquirir ropa destinada al personal de campo, rechazó injustificadamente la propuesta de una empresa que había cumplido con los requisitos técnicos establecidos.
Entre las sanciones de mayor cuantía destaca la impuesta a “Caleb B.”, de la División de Distribución Centro Sur de la CFE, en Morelos, quien recibió una inhabilitación de 10 años y una multa de 119 millones de pesos.
La resolución establece que durante 2019 y 2020 omitió contestar cuatro demandas laborales, lo que impidió la defensa legal de la institución y derivó en condenas económicas contra la CFE por un monto equivalente a la sanción.
Otro caso relevante se registró en Petróleos Mexicanos, donde “Araceli H.”, adscrita al Departamento de Personal en Boca del Río, Veracruz, fue inhabilitada por 10 años y sancionada económicamente con 854 mil pesos por continuar cobrando la prestación de gasolina después de vender un vehículo, irregularidad que se prolongó durante seis años.
En la Secretaría de Educación Pública (SEP), “Luis E.”, trabajador del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 227, en el Estado de México, recibió una inhabilitación de 10 años por realizar comentarios y tocamientos de índole sexual a un menor de edad en 2020.
Asimismo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “Tania M.”, de la Coordinación de Afiliación de la Dirección de Incorporación y Recaudación, en la Ciudad de México, fue inhabilitada por una década y multada con 1.7 millones de pesos por modificar registros institucionales de derechohabientes para incrementar indebidamente sus periodos de cotización, ocasionando un daño económico equivalente a la sanción.
La Secretaría Anticorrupción también informó que personas servidoras públicas de otras 16 dependencias fueron sancionadas por cometer faltas administrativas no graves.
Finalmente, la dependencia federal señaló que las resoluciones se emitieron conforme a la legislación vigente y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas. Precisó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las determinaciones y que, en caso de hacerlo, la institución defenderá las resoluciones correspondientes.
#ComunicadoBuenGobierno
Buen Gobierno logra sancionar a 82 personas servidoras públicas, 1 particular y 1 empresa, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 175 millones de pesos.
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