Guanajuato- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato con el objetivo de prohibir que los ayuntamientos dispongan del personal de seguridad pública municipal mediante contratos remunerados para actividades privadas.
La propuesta plantea que los municipios se abstengan de asignar a policías municipales para brindar servicios de vigilancia a particulares o para cubrir eventos privados, como fiestas y celebraciones, con el fin de garantizar que los elementos se concentren en sus funciones de seguridad pública.
Durante la exposición de motivos, la diputada Rocío Cervantes Barba señaló que en varios municipios del estado los integrantes de las Secretarías de Seguridad Pública o de las policías municipales son utilizados para brindar seguridad a particulares mediante contratación, pese al déficit de personal que enfrentan las corporaciones.
La legisladora afirmó que es necesario establecer una prohibición legal para evitar que los municipios continúen destinando elementos policiales a este tipo de servicios, incluso cuando estén contemplados en sus leyes de ingresos, debido a la disminución de recursos humanos en los cuerpos de seguridad.
Cervantes Barba destacó que actualmente existen empresas de seguridad privada reguladas en el estado, a las cuales pueden recurrir los ciudadanos que requieran vigilancia o protección en eventos particulares, sin necesidad de utilizar a servidores públicos municipales.
Asimismo, subrayó que la medida busca fortalecer la función preventiva de las corporaciones policiales y permitir que los elementos cumplan con mayor eficacia sus responsabilidades en materia de prevención, mediación e investigación, funciones que la ley les ha asignado.
La diputada reconoció que la prohibición podría representar una disminución en los ingresos para los municipios; sin embargo, consideró que en el contexto actual es prioritario optimizar el uso del personal policial y garantizar que la seguridad pública se atienda como una función esencial en beneficio de la ciudadanía.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado para su estudio y dictamen.
