México- La Fiscalía General de la República (FGR) promovió una demanda de extinción de dominio para que el Estado mexicano se quede con mil 595 millones de pesos, equivalentes a unos 87 millones de dólares, al considerar que el dinero estaría vinculado a operaciones de lavado de recursos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con un informe presentado en enero de este año, entre 2019 y 2024 la FGR logró recuperar el equivalente a 572 millones de pesos mediante procesos de extinción de dominio, por lo que el monto reclamado en este caso representa casi el triple de lo obtenido durante todo el sexenio anterior bajo esta figura jurídica, la cual es utilizada de manera rutinaria por la Fiscalía incluso para cantidades considerablemente menores.
La demanda fue presentada el pasado 4 de noviembre contra las empresas Agro Corona y Comercializadora Llanos Azules, ambas con sede en Jalisco, así como contra cinco personas físicas, entre ellas Óscar Antonio Álvarez González. Este último fue detenido el 11 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Barcelona, acusado de delincuencia organizada y de lavar dinero para los líderes del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, mediante un esquema de adquisición de propiedades y empresas relacionadas con los sectores tequilero y ganadero.
Además de Álvarez González, la acción de extinción de dominio fue promovida contra Ignacio Corona Vizcaíno, Ignacio Corona Orozco, Luz María del Socorro Orozco Gómez y Silvina González Cobián, personas de quienes no existen referencias públicas que las vinculen directamente con el CJNG. Previo a la demanda, la FGR solicitó en abril el aseguramiento judicial de los recursos, lo que derivó en una serie de amparos por parte de los afectados para proteger sus cuentas bancarias, la mayoría radicadas en HSBC, con excepción de la de Álvarez González, abierta en Actinver.
Ignacio Corona Vizcaíno, residente de Ciudad Guzmán, Jalisco, fue director de la Tequilera El Triángulo, una maquiladora con sede en Sayula y capacidad de producción de hasta 100 mil litros diarios de tequila. En tanto, registros judiciales indican que Ignacio Corona Orozco fue incluido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lista de personas bloqueadas el 6 de septiembre de 2024, tras detectar operaciones inusuales y relevantes, y que el 23 de agosto de ese mismo año se presentó una denuncia penal en su contra por lavado de dinero.
Aunque Corona Orozco obtuvo una suspensión contra el bloqueo de la UIF, el aseguramiento judicial de las cuentas corresponde a un procedimiento distinto. Actualmente, los involucrados continúan litigando amparos, cuyas suspensiones sólo les permiten acceder a recursos distintos a los reclamados por la FGR.
La extinción de dominio es un juicio de carácter civil que no requiere una sentencia penal previa para que los bienes o recursos sean incautados en favor del Estado. Por el monto involucrado, el caso resulta comparable con el decomiso realizado en 2007 al traficante de precursores químicos Zhenli Ye Gon, a quien se le aseguraron 206 millones de dólares y 17 millones de pesos en efectivo, equivalentes entonces a 2 mil 238 millones de pesos, en un proceso que, ante la inexistencia de la figura de extinción de dominio, requirió un largo juicio penal.
