Guanajuato- En sesión de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado de Guanajuato, legisladoras votaron a favor de un dictamen en sentido negativo respecto a la iniciativa que proponía incluir la autonomía reproductiva en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con ello, quedó desechada la propuesta que buscaba reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre la procreación y garantizar el acceso a servicios para la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.
Durante el análisis, la diputada morenista Maribel Aguilar González subrayó que cualquier discusión sobre autonomía reproductiva debe sustentarse en bases constitucionales claras y respetar las competencias del ámbito legislativo local. Precisó que el debate no gira en torno a una valoración moral sobre la maternidad, sino sobre la correcta incorporación de un derecho jurídico concreto en el marco normativo estatal.
“Autonomía reproductiva no es lo mismo que empoderamiento (…) es un derecho específico relacionado exclusivamente con la capacidad de decidir si se quiere o no gestar. No es un mandato sobre cómo debe vivirse la maternidad ni un elemento identitario”, expresó Aguilar, quien insistió en que legislar sin rigor podría generar contradicciones que terminen vulnerando los derechos de las mujeres en lugar de fortalecerlos.
En el proceso, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó su preocupación por la metodología empleada en la elaboración del dictamen, señalando la ausencia de las mesas de trabajo previstas. Solicitó que en futuras discusiones no se omitan estos espacios de análisis.
Segundo rechazo a la iniciativa
El rechazo a la iniciativa ocurre en un contexto donde Guanajuato continúa sin despenalizar el aborto. En junio pasado, el Congreso votó en contra de la interrupción legal del embarazo con 19 votos en contra y 17 a favor, archivando definitivamente la propuesta. Ello mantiene a la entidad entre los siete estados del país donde el aborto sigue penalizado, pese a qué 25 han aprobado su despenalización y a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional su criminalización a nivel federal en 2023.
La persistencia de restricciones ha sido atribuida por organizaciones como SemMéxico a la influencia de posturas conservadoras y grupos religiosos en los congresos locales.
En ese contexto, la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández Mora, expresó su desacuerdo con la postura legislativa, afirmando que es inadmisible que se ignore la sentencia de la SCJN que obliga a legislar en la materia. Hernández Mora anunció que buscará reunirse con legisladores federales y locales para sensibilizarles sobre la importancia de avanzar en el reconocimiento del derecho a decidir y superar los obstáculos que han frenado el cambio legal en distintas entidades.
