México- Pese a la movilización de agricultores que rodearon San Lázaro con tractores y al llamado de la Oposición para posponer la discusión, Morena y sus aliados aprobaron en lo general la reforma que transforma el régimen de concesiones, asignaciones, explotación y distribución del agua en México. La iniciativa, que expide la nueva Ley General de Aguas y modifica la Ley Nacional de Aguas, fue avalada con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones.
La aprobación ocurrió entre acusaciones, carteles mostrados en tribuna y señalamientos de la Oposición, que calificó la sesión como un “madruguete”. Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de la transmisión automática de derechos de agua, sustituida por el mecanismo de “Reasignación de Volúmenes” cuando exista una transmisión de dominio de propiedades asociadas a una concesión. Estas reasignaciones deberán contar con la aprobación del Comité del nuevo Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, encabezado por el titular de Conagua.
La reforma otorga nuevas facultades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), incluyendo la emisión de medidas y acuerdos —temporales o permanentes— para enfrentar emergencias, escasez y sobreexplotación, así como para garantizar la seguridad hídrica. También amplía de uno a dos años el plazo previo al vencimiento de una concesión para solicitar prórrogas e introduce el concepto de “uso agropecuario familiar”, sin que la combinación de actividades agrícolas y pecuarias implique un cambio de uso.
Entre los cambios más relevantes se incorpora un nuevo catálogo de “delitos contra las aguas nacionales”, como el traslado ilícito de agua, alterar o desviar cauces y otorgar concesiones a cambio de beneficios. Las sanciones aumentan, aunque quedan exceptuadas aquellas personas que realicen estas actividades para uso personal, doméstico o agropecuario familiar.
La Oposición criticó duramente el dictamen. El priista Humberto Ambriz afirmó que la desaparición de la transmisión libre de derechos crea “inseguridad jurídica”, pues divide la propiedad entre tierra y agua y sujeta las reasignaciones a decisiones discrecionales del Gobierno federal. Señaló además que la reforma centraliza el control del recurso, desplaza a los organismos de cuenca y condiciona prórrogas y reasignaciones al cumplimiento fiscal, lo que —aseguró— abre la puerta al uso político del agua.
El panista Paulo Gonzalo Martínez cuestionó que el proyecto incorporara más de 90 cambios de última hora y acusó al oficialismo de intentar que “toda el agua termine en el fondo de reserva” para centralizar su administración. Advirtió que Conagua no cuenta con la capacidad técnica ni operativa para asumir las nuevas funciones y alertó sobre la incertidumbre que enfrentarán los productores, especialmente por la imposibilidad de garantizar transmisiones de derechos y la criminalización de prácticas del campo.
En la misma línea, la panista Annia Sarahí Gómez acusó un sesgo en la aplicación de concesiones y señaló casos de acaparamiento, como el de la familia de la morenista Olga Sánchez Cordero. En respuesta, el diputado de Morena Gabriel García exhibió carteles con nombres de lo que denominó “el cártel del agua”, acusando a figuras como el exgobernador César Duarte y el expresidente Vicente Fox de concentrar millones de metros cúbicos del recurso.
García defendió la reforma al asegurar que reivindica el derecho humano al agua y convierte su gestión en un verdadero patrimonio nacional. Afirmó que reconoce los sistemas comunitarios, protege las actividades agropecuarias de sustento familiar y garantiza los derechos de ejidatarios y pequeños propietarios.
“Habrá patriotas que establezcan mecanismos de ahorro para construir una gran reserva nacional para el futuro de las nuevas generaciones”, sostuvo.
