Guanajuato- En una sesión marcada por el debate y la búsqueda de armonizar la legislación estatal con los criterios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos, la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato aprobó diversos dictámenes en materia civil, penal y de derechos reproductivos.
En primer término, por mayoría de votos, se avaló el dictamen de cuatro iniciativas que reforman el Código Civil estatal en materia de matrimonio. Con estas modificaciones, el matrimonio queda definido como la unión libre de dos personas orientada a construir una comunidad de vida basada en el respeto, la igualdad y la ayuda mutua. Asimismo, se sustituye el lenguaje de “marido y mujer” por el término “cónyuges”, ajustando el marco jurídico a principios de igualdad y no discriminación.
La Comisión también aprobó el dictamen de tres iniciativas de reforma al Código Penal para incluir los delitos contra la expresión o identidad de género y la orientación sexual. A partir de estos cambios, se impondrán de dos a seis años de prisión y de veinte a sesenta días de multa a quienes obliguen a menores de edad o personas incapaces a recibir prácticas de “corrección” de orientación sexual o identidad de género, tipificadas como actos violentos, crueles o degradantes. Cuando el agresor sea padre, madre o tutor, la sanción incluirá tratamiento psicoterapéutico integral, y el consentimiento informado de mayores de edad excluirá el delito.
#Política 🔔AVANZA MATRIMONIO IGUALITARIO EN GUANAJUATO 🏳️🌈
Con tres votos a favor (1 Morena, 1 PRI, 1 PAN) y dos en contra del PAN, la Comisión de Justicia del congreso de #Guanajuato (@CongresoGto ) aprobó el dictamen positivo para el #matrimonio igualitario.
El momento estuvo… pic.twitter.com/NH4LjXjs6x
— Wendoline Adame (@adame_wendoline) November 19, 2025
Analizan la interrupción legal del embarazo
El análisis continuó con tres iniciativas relacionadas con la interrupción legal del embarazo. La diputada Karol Jared González Márquez solicitó someter a votación la elaboración del dictamen, recordando que el tema ya ha sido discutido ampliamente. La congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios claros: no es constitucional mantener sistemas penales que criminalicen a mujeres y personas gestantes por decidir sobre su embarazo. Añadió que legislar conforme a la Constitución es una obligación, no una opción.
En esa línea, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco recalcó que los derechos de las mujeres son progresivos y que existe un mandato legal para garantizar su protección. Señaló que el Código Penal estatal ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte al criminalizar el aborto, y advirtió que mantener la figura penal violenta derechos fundamentales, incrementa la mortalidad materna y perpetúa violencias estructurales contra niñas y mujeres.
La diputada María Eugenia García Oliveros agregó que el acceso a la interrupción legal del embarazo es un componente esencial de los servicios de salud reproductiva, sustentado en derechos como la vida, la salud, la autonomía reproductiva y la no discriminación. Subrayó que los estados son responsables por violaciones a derechos humanos cuando las leyes restrictivas impiden el acceso a estos servicios.
A pesar de los argumentos a favor de una reforma integral, la propuesta de dictamen en sentido positivo no fue aprobada. En su lugar, se instruyó elaborar un dictamen en sentido negativo. La legisladora Susana Bermúdez Cano refrendó esta postura, señalando que su grupo parlamentario defiende la protección de la vida desde la concepción. El dictamen fue finalmente aprobado por mayoría, con el anuncio de un voto particular por parte de la diputada García Oliveros.
