Estados Unidos- Narcoinfluencers en México se han convertido en un blanco de atención del gobierno de Estados Unidos, que busca frenar su papel como propagandistas y lavadores de dinero para los cárteles de droga.
Según El Universal, el fenómeno había captado interés desde enero, cuando volantes en Culiacán señalaron 25 influencers ligados al narco; seis de ellos fueron asesinados. La acción más reciente ocurrió el 6 de agosto, cuando la OFAC sancionó a tres mandos del Cártel del Noreste y a Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico, por lavar dinero mediante conciertos y regalías de streaming.
Fuentes del Departamento de Justicia estadounidense confirmaron que se están preparando los primeros perfiles para congelar cuentas bancarias de estos creadores, evitando que el dinero llegue a organizaciones criminales.
La DEA advierte que las redes sociales y apps encriptadas permiten a los cárteles anunciar, vender, reclutar y controlar operaciones con mínima exposición física. Los narcoinfluencers son un engranaje crucial en esta estrategia, no solo por dinero, sino también por propaganda y reclutamiento.
Un influencer, que pidió anonimato, explicó que el esquema consiste en inflar cuentas con bots, monetizar en plataformas como YouTube e Instagram, y luego devolver ganancias con apariencia de ingresos legales, beneficiando al cártel.
Más allá del dinero, los cárteles ganan legitimidad simbólica y acceso directo a jóvenes, normalizando el lujo, el poder y la violencia en la plaza digital. Según expertos, esto moldea percepciones: la violencia parece lejana o justificada, y los jóvenes son atraídos hacia roles operativos menores o directamente al crimen organizado.
La violencia contra narcoinfluencers refleja el valor estratégico de la propaganda: las facciones rivales buscan silenciar altavoces digitales que representan competencia, ya sea con amenazas, presión o asesinatos, como evidenciaron los volantes de Culiacán marcados con “ELIMINADO”.
Desde Washington, la meta es interrumpir ingresos y desactivar canales de propaganda, combinando sanciones financieras y acciones legales con cooperación de la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.
