México- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de decreto que busca sancionar penalmente a quienes atribuyan falsamente una relación de parentesco o paternidad, proponiendo castigos de hasta cinco años de prisión y multas que podrían alcanzar los mil días de salario mínimo.
De acuerdo con la propuesta, se aplicaría una pena de entre uno y cinco años de cárcel, así como una multa económica de cien a mil días de salario mínimo, a quien incurra en conductas como registrar a un menor con el nombre de un padre que no le corresponde o valerse de dicha atribución para adquirir bienes o recursos de forma ilícita.
Además, se establece que la persona afectada por el engaño podrá reclamar la reparación del daño, incluyendo el reintegro de las cantidades que haya entregado en concepto de manutención o apoyo económico bajo una falsa premisa de paternidad.
Una figura legal poco explorada en México
La iniciativa reconoce que, si bien el marco jurídico actual protege el interés superior del menor, no contempla con claridad las implicaciones legales cuando un hombre asume sin saberlo la paternidad de un hijo que no es suyo biológicamente.
“Este tipo de situaciones afectan no solo el patrimonio del hombre engañado, sino también los derechos de otros hijos que sí tiene en común con la madre”, señala la exposición de motivos del legislador.
El proyecto también advierte que esta forma de engaño puede derivar en la manipulación de bienes, herencias o pensiones alimenticias, al amparo de una paternidad ficticia que genera consecuencias legales prolongadas.
Datos y contexto internacional
Para respaldar su propuesta, Núñez Aguilar cita un estudio publicado en el Journal of Medical Ethics, el cual estimó que en Inglaterra uno de cada 50 hombres cría a un hijo sin saber que no es suyo biológico.
Aunque no existen cifras oficiales sobre la prevalencia de este fenómeno en México, el legislador plantea la necesidad de abrir el debate sobre los derechos de las personas afectadas por este tipo de situaciones, sin menoscabar la obligación de garantizar el bienestar de los menores.
