Redacción
Ciudad de México – La posible aprobación de una reforma constitucional que prohíba la siembra de maíz transgénico en México ha generado un intenso debate entre el gobierno, especialistas y el sector empresarial, ante el impacto potencial en la competitividad del país y las relaciones comerciales con Estados Unidos.
En un reciente foro en Ciudad Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso de impulsar la reforma con apoyo del Congreso, argumentando que la medida busca proteger la biodiversidad nacional. “Muy pronto, en febrero, vamos a legislar para que no se pueda sembrar maíz transgénico y proteger la biodiversidad de México en nuestro país”, aseguró.
Sin embargo, especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierten que esta iniciativa podría generar incertidumbre entre los inversionistas, al restringir arbitrariamente el comercio de un bien esencial como el maíz genéticamente modificado. En su informe “México y América del Norte: los riesgos de las reformas constitucionales de 2024”, el IMCO subraya que estas restricciones pueden contravenir acuerdos internacionales como el T-MEC.
Impacto comercial y dependencia del maíz estadounidense
La resolución de un panel del T-MEC determinó recientemente que México debe permitir la importación de maíz transgénico para consumo animal e industrial, después de que el país perdiera una disputa comercial contra Estados Unidos. Esto resalta la alta dependencia mexicana del grano estadounidense: entre enero y noviembre de 2024, las importaciones de maíz alcanzaron 21.8 millones de toneladas, un incremento del 20.5% respecto al mismo periodo de 2023, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales en Prodensa, señaló que México no cuenta con alternativas viables para satisfacer el consumo nacional de maíz sin recurrir a las importaciones de Estados Unidos, el principal socio comercial. “Es crucial considerar la alta dependencia a este insumo para evitar disrupciones en la cadena de suministro y posibles alzas en los precios de productos básicos”, agregó.
Un dilema entre sostenibilidad y economía
Mientras el gobierno federal promueve la reforma como una medida ambiental para preservar la biodiversidad y proteger las variedades nativas de maíz, expertos alertan sobre el costo económico que podría derivarse de una decisión de este calibre, particularmente en sectores como la agroindustria y el comercio exterior.
