Redacción
México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó este viernes el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, el cual revela que poco más de la mitad de las cárceles estatales en México, 133 de 264, registran sobrepoblación. Entre las entidades con mayor número de prisiones en esta situación se encuentran el Estado de México, con 18; Hidalgo y Puebla, con 10 cada una; y Chiapas y Guanajuato, con nueve cada una.
A finales de 2023, las cárceles estatales albergaban a 211,054 reclusos, superando su capacidad total de 191,736 lugares. El Estado de México enfrenta una sobrepoblación del 145%, Morelos del 88% y Durango del 76%.
“La sobrepoblación sigue siendo una constante en diversos centros penitenciarios, lo que, aunado a las deficiencias de habitabilidad y estancias dignas, al hacinamiento, a una infraestructura deficiente, a la alimentación, al otorgamiento de servicios, insumos y satisfactores básicos, desencadenan una serie de inconformidades que pueden detonar en incidentes violentos, incluso masivos”, advirtió la CNDH.
Uno de los principales problemas identificados es la falta de actualización de los expedientes de los reclusos, lo que impide la intervención oportuna de las defensorías públicas. Esto se suma a una política punitivista que agrava la persistencia de la sobrepoblación en las cárceles.
El diagnóstico también encontró problemas de clasificación inadecuada de los internos, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, falta de atención a adicciones y problemas de gobernabilidad. Además, el informe señala que el 83% de las cárceles estatales presentan deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones, y el 56% tiene deficiencias en los servicios de salud.
En una escala de 0 a 10, la calificación promedio más baja fue para Tabasco, con 4.27, mientras que la más alta correspondió a Querétaro, con 8.61. Diez entidades, además de Tabasco, resultaron reprobadas: Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
En 27 de los 264 centros penitenciarios supervisados, la CNDH encontró que los internos realizan o participan en actividades propias de la autoridad, lo que subraya la urgente necesidad de reformas y mejoras en el sistema penitenciario del país.
