Redacción
México.- La diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado una iniciativa que busca imponer sanciones severas a quienes se beneficien de la gestación subrogada, proponiendo penas de 15 a 25 años de prisión, así como multas de 2 mil a 30 mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La propuesta, que se encuentra en revisión en la Comisión de Derechos Humanos, busca agregar el artículo 30 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Según el documento, el contrato relacionado con la gestación subrogada sería considerado nulo de pleno derecho bajo esta nueva legislación. Díaz Tejeda argumenta que la gestación subrogada es un tema complejo en México, con regulaciones divergentes en los diferentes estados y la ausencia de legislación federal específica.
La diputada destaca las preocupaciones éticas y legales asociadas con la gestación subrogada, mencionando que la falta de regulación adecuada ha permitido a organizaciones criminales explotar a mujeres involucradas en este proceso. Señala que los controles actuales sobre agencias y profesionales no son suficientes, lo que ha llevado a la necesidad de medidas más rigurosas.
Díaz Tejeda aboga por una mayor cooperación entre autoridades locales, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales para prevenir la trata de personas en el contexto de la gestación subrogada. Además, destaca la complejidad de considerar la gestación subrogada como trata de personas, reconociendo la posible influencia de factores sociales, económicos o familiares en la decisión de las mujeres gestantes.
La legisladora subraya que la falta de regulación adecuada puede exponer a mujeres en situaciones de vulnerabilidad a la explotación, especialmente cuando la gestación subrogada se convierte en un negocio lucrativo. Advierte sobre el riesgo de que el beneficio económico prevalezca sobre la protección de los derechos y el bienestar de las mujeres gestantes, calificando esta práctica como una forma potencial de trata de personas. La iniciativa busca abordar estas preocupaciones y establecer salvaguardias adecuadas para proteger a las mujeres involucradas en la gestación subrogada.
