Redacción
Brasil.- Las autoridades brasileñas prometieron proteger la democracia y el lunes se preparaban para imponer castigos después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.
Los manifestantes del domingo reclamaban una intervención militar que reinstaure al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulse al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro de Relaciones Institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.
“No tendrán éxito en destruir la democracia brasileña. Debemos decirlo con rotundidad, con toda la firmeza y convicción”, dijo Dino. “No aceptaremos la senda de la criminalidad para librar batallas políticas en Brasil. A un delincuente se le trata como delincuente”.
Hasta ahora han sido detenidas mil 200 personas, informó el Ministerio de Justicia el lunes. La policía reaccionó notablemente lento, incluso después de la llegada de más de 100 autobuses, lo que llevó a muchos a preguntarse si las autoridades simplemente ignoraron las numerosas advertencias, subestimado la fuerza de los manifestantes o fueron cómplices de alguna manera.
Los resultados de las elecciones brasileñas –las más ajustadas en tres décadas– fueron reconocidas con rapidez por políticos de todo el espectro político, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, y docenas de gobiernos. Y Bolsonaro sorprendió casi a todo el mundo al desaparecer de la vista. No admitió la derrota ni denunció un fraude, aunque su partido y él solicitaron la anulación de millones de votos, una petición desestimada con prontitud.
Aun así, seguidores de Bolsonaro rechazaron los resultados. Cortaron carreteras y acamparon ante edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir. Las protestas fueron pacíficas en su gran mayoría, aunque las amenazas aisladas de terrorismo –como una bomba hallada en un camión de combustible camino del aeropuerto de Brasilia– aumentaron las preocupaciones de seguridad.
Dos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló de forma temporal en Orlando. Muchos brasileños expresaron su alivio porque, aunque declinara participar en la transición de poder, su ausencia permitiera que ocurriera sin incidentes.
