Texas ofrece terreno para centros de detención migratoria en la frontera con México

Redacción

Austin, Texas.– Dawn Buckingham, comisionado de la Oficina General de Tierras de Texas, ha ofrecido al presidente electo Donald Trump 567 hectáreas en el condado de Starr, cerca del Río Grande, para construir campos de detención destinados al procesamiento y deportación de migrantes indocumentados. La propuesta fue presentada en una carta enviada a Mar-a-Lago, la residencia del líder republicano en Florida.

Buckingham aseguró que su oficina está preparada para negociar con el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza, subrayando que el terreno adquirido previamente había sido rechazado por su antiguo propietario para la construcción de parte del muro fronterizo.

El comisionado destacó que, bajo su gestión, también se aseguró el control de “Front Island”, una isla en el Río Grande considerada una de las zonas más peligrosas de la frontera. Allí se encontraron armas, explosivos y escondites, por lo que se reforzó la seguridad con alambre de púas.

Deportaciones Masivas: El Plan de Trump

La propuesta de Buckingham se alinea con los planes avanzados del presidente electo Trump para construir o ampliar grandes centros de detención en la frontera sur como parte de su promesa de realizar deportaciones masivas de migrantes irregulares. Según la cadena CNN, Trump también ha planteado movilizar reservistas de la Guardia Nacional e incluso reubicar tropas estacionadas en el extranjero para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias.

Sin embargo, estas medidas podrían enfrentar desafíos legales y logísticos, ya que la legislación estadounidense prohíbe el uso del Ejército para vigilancia nacional. Además, organizaciones como America’s Voice advierten que las deportaciones masivas podrían afectar a 20 millones de familias, muchas de las cuales incluyen miembros ciudadanos estadounidenses.

Impacto Social y Legal

En Estados Unidos se estima que residen 11 millones de migrantes indocumentados. Este tipo de políticas genera preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes señalan los riesgos de dividir familias y las posibles violaciones al debido proceso.