Redacción
México.- El Senado de la República de México votó por unanimidad a favor de una reforma al Código Penal Federal que impondrá penas de hasta 18 años de prisión a funcionarios públicos que graben, difundan o distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia. Esta medida, destinada a proteger la dignidad de las víctimas y garantizar su intimidad, amplía el tipo penal de los delitos cometidos por servidores públicos en casos de violación de la confidencialidad de investigaciones y procesos penales.
La reforma al artículo 225 del Código Penal Federal busca sancionar a quienes difundan información reservada o confidencial, incluyendo imágenes, audios, videos o cualquier evidencia contenida en una carpeta de investigación o proceso penal. La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, destacó que esta legislación busca garantizar la seguridad, intimidad y dignidad de las víctimas, especialmente cuando se trata de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La medida también incluye disposiciones para aumentar las penas en casos de discriminación y odio racial. Se propone la aplicación de penas de dos a cinco años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, junto con multas significativas, para aquellos que promuevan ideas basadas en la superioridad racial. Para los servidores públicos que cometan tales conductas, se propone una pena adicional y la destitución de sus cargos, además de una inhabilitación de uno a diez años para ocupar cargos públicos.
Esta reforma tiene como objetivo cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por México en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Además de estas reformas, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto para aumentar las penas en delitos como lenocinio, intimidación, abuso sexual, violación, amenazas y lesiones cuando las víctimas estén embarazadas al momento de cometerse el delito. Esto reconoce la vulnerabilidad adicional que enfrentan las mujeres embarazadas y busca garantizar su protección.
Otra medida aprobada por mayoría se refiere a la solución de la “antinomia jurídica” que se había creado en 2014, cuando se estableció que el Congreso de la Unión comenzaría su periodo el 1 de agosto en años de elección presidencial, lo que causaría un empalme de un mes con los legisladores salientes. La nueva reforma establece que los actuales senadores y diputados federales dejarán el cargo el 31 de agosto del próximo año, y la siguiente Legislatura iniciará el 1 de septiembre de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2027. Estas reformas buscan establecer una regulación coherente y armónica en relación con el inicio de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión. La minuta será revisada por el pleno del Senado en una sesión futura.
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