Redacción
México.- La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México ordenó a Telcel entregar los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación, de más de una decena de funcionarios y políticos, muestran registros judiciales revisados por The New York Times.
Telcel reconoció en un expediente judicial revisado por The Times que recibió las órdenes y entregó los registros, que abarcan desde 2021 hasta principios de este año.
Según las órdenes de la Fiscalía, revisadas por el diario estadounidense, la información se buscaba en relación con investigaciones sobre secuestros y desapariciones.
Sin embargo, agregó el medio, la oficina de la Fiscal dijo que no tiene en sus archivos investigaciones criminales de este tipo y “negó categóricamente” exigir los registros telefónicos de los funcionarios y políticos nombrados en las órdenes.
“Esta institución no espía a figuras políticas ni a ninguna persona”, dijo la Fiscalía.
“Por el contrario, investiga exclusivamente con fines legales”.
Entre los nombres que aparecen en las órdenes están Santiago Taboada, Higinio Martínez Miranda, Horacio Duarte, Lilly Téllez, Alessandra Rojo de la Vega, Dolores Igareda y Ricardo Amezcua.
Godoy le atribuye a una venganza política la negativa de su ratificación
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy, aseguró que integrantes del PAN han declarado públicamente que no apoyarán su ratificación al frente de la institución, como “venganza política” por investigar al “Cártel Inmobiliario”.
En conferencia de prensa, Godoy aseguró que si el costo por realizar dichas investigaciones es que no logre su ratificación, está dispuesta “a pagar el precio“.
“Si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la ley no negociarla para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”, señaló.
Godoy dijo que en la fiscalía saben que la investigación en contra del “Cártel Inmobiliario” ha provocado que el PAN se declare en contra de su ratificación en el cargo.
“Han pretendido politizar la justicia, somos muy incómodos para quienes están acostumbrados al privilegio de la impunidad o de protección de actividades ilícitas, les resulta incomoda la acción de la fiscalía”, aseguró.
Mencionó que hay varias personas que siguen siendo investigadas por el caso y que aunque “se sienten intocables” por su poder político, mediático o económico, la fiscalía continuará su indagatoria “sin consideraciones políticas, sin filtros y sin hacer caso de amenazas”.
