Redacción
México.- La empresa canadiense Almadex Minerals ha iniciado un arbitraje comercial contra el gobierno de México, reclamando al menos 200 millones de dólares tras la anulación de sus títulos de concesión para explotar oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en Puebla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló estos títulos en 2022, en un fallo que destacó la necesidad de consultas previas a pueblos indígenas para autorizar concesiones mineras.
La demanda arbitral de Almadex fue registrada el pasado 27 de junio ante el (CIADI) del Banco Mundial, alegando violaciones al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP). Esta acción legal se produce apenas seis días después de que la firma china Ganfeng inició un proceso similar relacionado con la terminación de su proyecto de explotación de litio en Sonora, tras la nacionalización de ese mineral.
Actualmente, México enfrenta ocho arbitrajes en el CIADI por disputas con empresas mineras, reflejando los múltiples obstáculos que ha encontrado este sector económico en los últimos años. Desde diciembre pasado, Almadex había notificado a la Secretaría de Economía (SE) su intención de acudir al arbitraje. Sin embargo, en una reunión de conciliación con funcionarios federales el pasado 30 de mayo no se llegó a un acuerdo.
Almadex también reclama pago de daños, que de ser otorgados por el tribunal arbitral, se calcularían con base en la ganancia neta estimada por la venta de minerales que habrían sido extraídos. Este proceso arbitral podría extenderse entre dos y cinco años para la emisión del laudo final.
La anulación de los títulos, operados por la filial Minera Gorrión en el proyecto Ixtaca, se basó en la necesidad de realizar consultas previas a pueblos indígenas, aunque la legislación vigente no lo exige explícitamente. La Secretaría de Economía no renovó las concesiones otorgadas en 2003 y 2009, que habrían permitido operar una mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán, donde Almadex ya había invertido 40 millones de dólares y tenía planes de inversión por hasta mil 270 millones de dólares, generando 600 empleos.
Diversas dependencias, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), se opusieron al proyecto minero, argumentando que provocaría graves afectaciones sociales, culturales, espirituales, ambientales y a la biodiversidad.
Durante el litigio, Almadex sostuvo que mil 500 personas de comunidades cercanas apoyaban el proyecto, mientras que solo unas 140 se oponían, argumentando que la consulta a los pueblos indígenas debió realizarse antes del inicio de obras específicas para la mina, y no para revisar retroactivamente los títulos de concesión.
