Michoacán- En Zitácuaro, Michoacán, una protesta ciudadana por el asesinato de Ángeles Esquivel, joven de 24 años, derivó en el incendio del árbol monumental de Navidad instalado en la plaza central. La víctima habría muerto a causa de disparos realizados por un agente de Tránsito Municipal el pasado 7 de diciembre.
Cerca de cien personas, entre familiares, amigos y ciudadanos inconformes con presuntos abusos de autoridad y actos de extorsión policial, participaron en una rodada y marcha pacífica por la Avenida Revolución Sur. Los manifestantes llegaron hasta la Plaza Cívica Benito Juárez, frente al Palacio Municipal, donde exigieron justicia y la presencia del Alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, emanado de Morena.
Consignas como “¡Justicia!” y “¡Ella no murió, el Gobierno la mató!” marcaron la jornada de protesta. Sin embargo, ante la falta de atención por parte de las autoridades municipales, el ánimo se tensó y algunos participantes incendiaron el árbol navideño colocado por el Ayuntamiento. Más tarde, el Gobierno municipal calificó esta acción como un “acto vandálico” que atentó contra un símbolo de unidad y esperanza para las familias zitacuarenses.
A través de un comunicado, el Ayuntamiento afirmó respetar la libertad de expresión siempre que se realice dentro de un marco de civilidad y legalidad, pero rechazó actos que generen temor o respondan a intereses partidistas o de polarización social. Además, indicó que las autoridades competentes ya realizan las investigaciones correspondientes.
El caso que originó la protesta
El domingo pasado, Ángeles Esquivel viajaba en motocicleta junto con un joven por la calle Galeana cuando, según versiones preliminares, no se detuvieron ante un retén vial. Fue entonces que un agente de Tránsito Municipal abrió fuego contra la pareja. La joven fue trasladada al hospital regional, donde horas después murió a causa de las heridas, mientras que su acompañante sufrió un disparo en el hombro y sigue internado.
El Alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela identificó al presunto agresor como Carlos Alberto Anaya, un elemento de la Policía Estatal comisionado en el municipio y primo de la víctima. Durante una conferencia de prensa, aseguró que el agente actuó “a título personal”, sin instrucción operativa ni causa justificada, y confirmó que se encuentra prófugo.
Como respuesta inmediata, el gobierno municipal anunció la obligatoriedad del uso de cámaras corporales para todos los agentes de Tránsito, con el fin de fortalecer la transparencia en los operativos. La Fiscalía General del Estado de Michoacán quedó a cargo de la investigación del caso.
