Redacción
México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta semana sobre el envío al Congreso de la propuesta de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para otorgar una nueva pensión a mujeres de 60 a 64 años. Este beneficio, al igual que la Pensión de Adultos Mayores (PAM), tendrá rango constitucional y busca reconocer y apoyar a este segmento de la población. La propuesta se alinea con la política del Gobierno de extender beneficios sociales, como se hizo anteriormente con la PAM, que actualmente cubre a personas desde los 65 años.
Claudia Sheinbaum anunció que el programa comenzará en 2025, beneficiando inicialmente a un millón de mujeres. Según datos del INEGI, las mujeres de 60 a 64 años representan el 2.6 por ciento de la población total de México, lo que equivale a aproximadamente 3.37 millones de personas, todas ellas potencialmente beneficiarias de la nueva pensión.
La PAM, que actualmente apoya a 12.9 millones de personas mayores de 65 años, pagará en 2024 un total de 36 mil pesos anuales a cada beneficiario. La nueva pensión para mujeres de 60 a 64 años costará inicialmente 18 mil millones de pesos anuales, pero este monto aumentará inevitablemente en 2025, considerando el incremento programado para la PAM.
El costo combinado de ambas pensiones podría ascender a 531 mil millones de pesos si se mantiene el apoyo a un millón de beneficiarias y podría llegar a 578 mil millones si se extiende a todas las mujeres de 60 a 64 años, una cifra equivalente al 6.3 por ciento del gasto neto federal autorizado para 2024. Esto excluye otras obligaciones del Gobierno, como pensiones, jubilaciones y otros programas sociales.
El 5 de febrero pasado, López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que el presupuesto de estas pensiones no disminuya “en términos reales”, es decir, debe aumentar al menos en el mismo porcentaje que la inflación. Esta medida es crucial en un país con una población que envejece rápidamente. Entre 2018 y 2023, la proporción de mayores de 60 años pasó del 12.3 al 14.7 por ciento de la población, mientras que el grupo de hasta 29 años disminuyó del 49.9 al 46.2 por ciento, según el INEGI.
La implementación de esta nueva pensión reafirma el compromiso del Gobierno con la equidad y el bienestar social, asegurando que un mayor número de mujeres tenga acceso a un apoyo económico que mejore su calidad de vida en la tercera edad. Sin embargo, también plantea importantes desafíos financieros que el país deberá gestionar con cuidado para mantener la sostenibilidad de sus políticas sociales.
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